El Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) del Ayuntamiento de Málaga sale al paso de la crisis y pone sobre la mesa una iniciativa con la que minimizar el efecto que la misma está teniendo sobre decenas de familias malagueñas. En concreto, la acción pasa por diseñar planes personalizados de pago dirigidos a los inquilinos de pisos sociales en régimen de alquiler con especiales dificultades para asumir esas cantidades, que oscilan entre los 175 y los 300 euros.

Así lo expuso ayer el concejal de Vivienda, Diego Maldonado, quien informó de que esta medida afecta exclusivamente a las alrededor de 2.000 casas en arrendamiento con opción a compra de las que es responsable el Consistorio. No obstante, fue claro al sentenciar que del aplazamiento de las cuotas mensuales no podrán beneficiarse todos los inquilinos, sino aquellos que se encuentren en una situación especialmente delicada.

Para ello, el consejo rector delegará en el gerente del IMV, José María López Cerezo, el estudio detallado de cada una de las peticiones de colaboración, dando forma a expedientes en los que se precisarán las condiciones económicas y sociales de los solicitantes y el plazo en el que se deberá sufragar la deuda acumulada.

Maldonado explicó que a lo largo del último año su departamento ya ha asumido una decena de aplazamientos de pagos para inquilinos con problemas económicos, con lo que la presente iniciativa supone un paso más, habiendo en estos momentos una treintena de casos más sobre la mesa. En los supuestos ya conocidos, según el gerente del IMV, buena parte de los peticionarios reclamaban el aplazamiento de entre el 40 y el 50% de la mensualidad.

Si bien son 2.000 las familias que potencialmente pueden acogerse a este programa de ayudas, las estimaciones con las que cuenta el IMV acotan a un 5% las prioritarias de la iniciativa, al tratarse en mucho de los casos de familias la persona que aporta los ingresos se ha quedado en paro.

¿Cómo y cuándo tendrán que abonar estas familias la deuda acumulada? De momento no existe una respuesta definitiva a esta cuestión, ya que el IMV baraja varias opciones. López Cerezo señaló que una de las vías es la de prorratear en la cuota normal parte de la deuda una vez solventada la situación de dificultad económica, al tiempo que señaló como otra posibilidad la acumulación de la deuda contraída en el precio final del piso si el inquilino ejerce su opción a compra. Otro efecto que la iniciativa puede ser la reducción de la morosidad entre los inquilinos.