El área de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga está analizando las "decenas" de objeciones que el informe técnico de la Junta de Andalucía planteó al Plan General de Ordenación Urbana de Málaga (PGOU) y que motivó su posterior devolución. Fuentes municipales aseguran que la mayoría de las modificaciones se aceptarán e incorporarán al documento antes de su envío al consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, que será quien apruebe el documento final directamente. Incluso con la eliminación de las viviendas previstas en el suelo de Arraijanal, que el nuevo Plan Territorial de la Aglomeración Urbana de Málaga (Potaum) contempla como parque metropolitano.

Otra cosa son los puntos de fricción que Ayuntamiento y Junta mantienen con respecto a varios proyectos urbanísticos. La construcción de viviendas por encima de la ronda este, el puerto seco que defiende el Gobierno andaluz, el puerto deportivo en el Morlaco del que recela el Ejecutivo de Griñán o el traslado del colegio de Maristas que quiere impulsar el equipo municipal son algunas de las actuaciones con discrepancias evidentes entre ambas instituciones. Las citadas fuentes municipales aseguran que, en último extremo, el Consistorio puede atender las exigencias de la Junta pero a su vez impugnarlas, incluso directamente en los tribunales, al entender que el Gobierno andaluz se extralimita en sus competencias y que ha impuesto decisiones que sólo corresponden a la ciudad.

El propio alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, acudió el pasado viernes a la reunión de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía (Cotua). Al principio del encuentro, el técnico de la Junta encargado de presentar las objeciones al plan malagueño expuso un sinfín de pegas por incumplimientos al Potaum e incluso porque no se incorporaron al documento los distintos informes sectoriales emitidos por organismos públicos como Aviación Civil o Medio Ambiente, entre otros, y que hay que cumplir.

La letrada de la Cotua defendió que ante el cúmulo de anomalías y tras el precedente de un fallo judicial a favor de un grupo de particulares que impugnaron el Plan General de Chiclana, la única solución era devolver el PGOU al Ayuntamiento, algo a lo que se opuso De la Torre, que entendía que era viable una aprobación parcial, como se preveía. Tras un receso, los responsables de la Cotua optaron por devolver el planeamiento.

El Ayuntamiento alega que era imposible atender algunas de las observaciones del Potaum porque éste entró en vigor el día antes de que se debatiera el PGOU. Añaden, por ejemplo, que aunque sabían que el Potaum impedía el salto de la ronda para construir viviendas, Urbanismo presentó un contrainforme para desmentir el riesgo de erosión que se argumentaba para el rechazo. La negativa final también se conoció la pasada semana.

Por su parte, la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, María Gámez, valoró ayer la "disposición" del Ayuntamiento para modificar el documento del PGOU, del que dijo que "muchas de las cuestiones son salvables". No obstante, Gámez también subrayó que "el listado de los incumplimiento es demasiado amplio de momento" y que "en muchas cuestiones no se trata de negociar sino de hacer preservar la legalidad". Ante la posibilidad de que el Consistorio recurra a los tribunales para defender algunos de sus proyectos, la delegada del Gobierno andaluz dijo "respetar la decisión".

El portavoz del grupo municipal socialista, Rafael Fuentes, por su parte, propone al equipo de gobierno del PP una reflexión sobre el futuro PGOU, con el objetivo de llegar a un consenso en torno al documento. Sugiere que se diseñe un calendario de reuniones con agentes sociales y grupos políticos para corregir las deficiencias detectadas, y conseguir el consenso en torno a los proyectos más conflictivos.