La endeble línea sobre la que caminan desde hace décadas los vecinos que habitan las casas levantadas a apenas unos metros del mar en la barriada de El Palo, Pedregalejo, Las Acacias y Playa Virginia, vuelve a agitarse. La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, habla en el último informe emitido al Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Málaga de la "erradicación" de las edificaciones residenciales existentes en dominio público marítimo-terrestre en estos puntos de la ciudad.

El documento, al que tuvo acceso este periódico, tiene fecha de 24 de julio y en él el organismo estatal se pronuncia sobre la última versión del planeamiento urbanístico de la capital, en la que el equipo de gobierno del PP opta por mantener la tipología edificatoria actual. El escrito de Costas alude, en uno de los epígrafes, a la "colaboración entre la Administración central y autonómica para la erradicación de las mismas en dominio público marítimo terrestre y sus servidumbres", a lo que añade: "Este departamento considera muy positiva y necesaria la colaboración entre las distintas administraciones tendentes a conseguir la liberación de los mencionados terrenos".

Pero este informe de Costas no es el primero que usa esta terminología. El pasado mes de febrero, en otro documento emitido tras la aprobación provisional del Plan General, advirtió de que el documento municipal no tenía en cuenta "lo indicado en informes anteriores en relación a aquellas actuaciones tendentes a la programación de acciones a medio-largo plazo para la erradicación de edificaciones que indebidamente ocupan el dominio público marítimo-terrestre y sus servidumbres". Incluso, planteaba la posibilidad de dejar "fuera de ordenación" estas viviendas.

Lo expuesto contradice lo expresado por la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, quien consideró que con los posibles derribos de construcciones en la playa se ha hecho "demagogia", al tiempo que trató de lanzar un mensaje de tranquilidad a los afectados.

Por el contrario, los vecinos de El Palo, Pedregalejo, Las Acacias, Playa Virginia e incluso La Araña, que suman unas 400 viviendas, es más bien de incertidumbre. Ayer, el alcalde, Francisco de la Torre, insistió en la necesidad de iniciar una acción de coordinación entre el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y el Gobierno para llevar a cabo un deslinde provisional que ofrezca una solución a estas casas. "Hay que ser muy pragmáticos y tener una gran lealtad institucional y una gran voluntad política para resolver ese tema", opinó el regidor, que defendió actuar como se hizo en el PGOU de 1997 y calificar las casas como colonia tradicional popular, dando respuesta a la "intranquilidad" de algunos vecinos ante el informe de Cotua, en el que se propone que queden fuera de ordenación.

No obstante, el avance del PGOU de Málaga ya planteaba la demolición de algunas edificaciones para esponjar el barrio. La propuesta generó una gran alarma social, que obligó al alcalde a dar marcha atrás.