El catedrático de Derecho Procesal y ex presidente del Tribunal Constitucional, Vicente Gimeno, arremetió ayer sin piedad contra las actuales competencias que ostenta la Audiencia Nacional para reclamar que se circunscriban al terrorismo y al crimen organizado que sí necesitan "una dirección y una jurisprudencia única".

Gimeno, que participó ayer tarde en las Jornadas jurídicas malacitanas que organiza Cajamar, defendió que la competencia que la Audiencia Nacional ostenta actualmente en las jurisdicciones contencioso administrativa y social sean asumidas por los diferentes tribunales superiores de justicia, de modo que los juzgados centrales queden exclusivamente para determinados asuntos penales. Y aún así, cree que sería necesaria una reforma procesal. En este punto aludió al secuestro del pesquero Alakrana por parte de piratas somalíes al matizar que se deberían conjugar "el principio de oportunidad y el principio de legalidad", una función que corresponde al Ministerio Público porque se trata de proteger el interés pero también de "tutelar a las víctimas". En este sentido estimó que hubiera sido "más conveniente negociar la liberación" de los secuestrados antes que someter a los secuestradores a un "proceso penal de incierto futuro".

El ex presidente del Tribunal Constitucional no ahorró esfuerzos en criticar los modos que se exhiben en la Audiencia Nacional al referirse de "manipulación" en el reparto de los asuntos judiciales, la imposición de fianzas "exorbitantes", los autos de prisión para "arrancar confesiones" o autorizaciones de entrada y registros "copiadas de las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción". Incluso cuestionó la eficacia que ha demostrado a lo largo del tiempo en la persecución de los delitos económicos, porque "no se han visto los resultados". Así aludió a causas como el asunto Fininvest que tras lustros en instrucción concluyó con una absolución.

Vicente Gimeno aseguró que los magistrados de la Audiencia Nacional "más que jueces estrella son jueces políticos". La primera en responder por turno de intervención a la arremetida de este catedrático de Derecho Procesal fue la magistrada de la Sala Penal y con anterioridad jueza de delitos económicos de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios. La magistrada aseguró que los delitos cuya competencia se atribuyó en 1977 a la Audiencia Nacional están ahora absolutamente "en boga".

Palacios aludió a la personalidad centralizada y especializada de la Audiencia Nacional para perseguir delitos que afectan a intereses supraindividuales, se trate tanto de terrorismo como de otros hechos. No obstante, indicó que cree que se debe mejorar y determinar con más rigor qué es y qué no es competencia de estos órganos para filtrar los asuntos que deben ventilar.

La jurisdicción universal, o sea la capacidad de la Audiencia Nacional para entender de asuntos ocurridos en cualquier parte del planeta, también fue objeto de análisis y controversia ayer tarde en las Jornadas jurídicas malacitanas de Cajamar. La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para limitar la capacidad de los tribunales españoles en delitos internacionales, que acaba de llevarse a cabo, fue defendida por el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el magistrado malagueño Javier Gómez Bermúdez, quien puntualizó que lo único que se ha hecho ha sido acomodar las posibilidades de la Justicia española en ámbitos extranacionales a las competencias que actualmente ostenta la Corte Penal Internacional.

Gómez Bermúdez indicó que "a veces se ha hecho un uso inadecuado cuando la eficacia estaba descartada a priori, cuando se sabía que iba a ser cercana a cero por las dificultades para acceder a las pruebas o a los sujetos del proceso".