El mismo empresario al que el Ayuntamiento de Málaga adjudicó la concesión de la piscina municipal de Campanillas y al que la Gerencia de Urbanismo acaba de plantear una multa de 251.000 euros por ejecutar en esta parcela pública dos edificios que suman casi 900 metros cuadrados sin licencia, fue merecedor el pasado mes de agosto del contrato para hacerse cargo de la explotación de la piscina municipal de Colmenarejo, en este mismo distrito de la capital.

El acuerdo, adoptado por la Gerencia de Urbanismo el 13 de agosto pasado, suponía la adjudicación de este servicio a Gestión de Ocio de Deportes Fahala, S. L., de la que es socio único Ernesto Fernández Moreno, objeto de la, probablemente, mayor sanción en la historia de la ciudad. Y todo ello cuando los responsables municipales ya tenían conocimiento de las presuntas irregularidades urbanísticas cometidas por este empresario, cuyos orígenes se remontan, según denunció el pasado martes IU, a 2004 y que supusieron la apertura de un expediente en este sentido.

De hecho, la de esta sociedad fue la única oferta que concurrió al concurso público abierto por el Ayuntamiento para explotar el nuevo equipamiento de Colmenarejo, según reconoció a este periódico el concejal del distrito, José Hazañas. Para este edil, el escaso interés que despertó en el sector privado este procedimiento está vinculado con "el poco beneficio económico" que trae consigo. "Creo que se debe a que no es un negocio muy rentable para ciertas empresas y que interesa más bien a alguien que se conforma con tener un sueldo al mes", explicó. La concesión sobre la piscina, que le es entregada terminada y ejecutada (incluyendo cafetería), es por un periodo de cinco años, por un importe de 9.015 euros como pago único, lo que supone poco más de 150 euros mensuales.

No obstante, el propio concejal admitió lo llamativo de que el Consistorio optase por otorgar la gestión de una piscina, la segunda en el distrito de Campanillas, al mismo empresario sobre el que recae una sanción de Urbanismo. "No me parece normal, pero si no está relacionada una cosa con la otra, no hay que tenerla en cuenta", valoró.

La tramitación del concurso de las instalaciones de Colmenarejo, que cuentan con una piscina de 25 por 12,5 metros con sus servicios, así como una cafetería, estuvo marcada por la urgencia, dado que la empresa constructora, Hidroingenia, S. L., por 387.174 euros, "quería entregar la obra cuanto antes" porque se estaban produciendo "numerosos actos vandálicos". "Urgía hacer el pliego para que cuando se terminase la obra no hubiese un vacío de tiempo y no hubiese más daños. Se llevaron las duchas, las tazas del váter...", relató Hazañas.

En cuanto al empresario beneficiado de estas dos instalaciones municipales, el concejal de Campanillas admitió conocerlo desde el año 2002, incluso, dijo que el pasado martes habló directamente con él para preguntarle por el procedimiento sancionador de Urbanismo. "Me dijo que desconoce que tenga este expediente y por esa cuantía", comentó. Preguntado sobre la opción de que se le rescinda el contrato de la piscina de Campanillas, respondió: "Si merece que se la quiten que se la quiten, pero no me gustaría que los vecinos tuviesen que estar dos o tres años sin piscina".

La opción de resolver el contrato está ahora sobre la mesa. Al menos así lo apuntó ayer el alcalde, Francisco de la Torre, quien dijo no descartar ninguna medida. "Haremos lo que en derecho proceda, de acuerdo con los términos de la adjudicación y lo que diga la asesoría jurídica", manifestó. De la Torre abundó en la existencia de un expediente sancionador que "debe ser cobrado" y dejó claro que la parte de lo construido de forma irregular por este empresario que no sea legalizable "tendrá que ser derribada". En este punto, aludió a la posible existencia de parte de esta obra sobre suelo verde, que "difícilmente puede ser legalizable".

La información aportada por el regidor no coincide con la del concejal de Campanillas, quien detalló que la pastilla sobre la que está la piscina es de equipamiento y que esta misma calificación es la que tienen los terrenos municipales que el concesionario habría ocupado de manera anómala. "Al haberse pasado unos metros, lo suyo es que nos lo quedemos nosotros", dijo, al tiempo que precisó que la construcción que podría tener uso social en beneficio del barrio sería el restaurante, con una edificación de unos 400 metros cuadrados.

El PSOE denunció la "connivencia" del equipo de gobierno del PP en las irregularidades detectadas. "El alcalde es conocedor directo del compendio de irregularidades cometidas, ya fue un tema tratado en Pleno en 2004 y en 2007, acudió a la inauguración de las instalaciones y las utilizó en la campaña electoral de 2007 como uno de sus grandes logros", informó.