La Fiscalía de Málaga ha solicitado cuatro años de prisión y veinte de inhabilitación para el alcalde de Canillas de Aceituno, José Manuel Aranda (PSOE), por dos presuntos delitos de prevaricación urbanística por aprobar un proyecto para la construcción de una vivienda irregular, un extremo que fue confirmado a este periódico por el propio regidor. La sección del Ministerio Público responsable de la ordenación del territorio y del medio ambiente pide, además, dos años de prisión y diez de inhabilitación para los seis concejales socialistas que integraban la Corporación entre 2003 y 2007, y que votaron a favor de esta resolución en un Pleno municipal.

Según la documentación muninicipal a la que ha tenido acceso este periódico, el Pleno aprobó por mayoría absoluta y con la abstención del Partido Andalucista, un proyecto de actuación para la construcción de una vivienda unifamiliar aislada vinculada a destino agropecuario. Por esta razón, según la Fiscalía, los seis concejales que forman el equipo de gobierno junto al alcalde están incluidos en el sumario que ha quedado abierto en el Juzgado número uno de Vélez-Málaga. Tras dar el visto bueno la Corporación y contar con su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, el expediente urbanístico quedó abierto a exposición pública para la presentación de alegaciones y se envío la certificación a la Junta de Andalucía que emitió un informe desfavorable. Pero a pesar de ello, y dado que es preceptivo pero no vinculante, el alcalde concedió la licencia. Por este hecho, Aranda se enfrenta a dos presuntos delitos de prevaricación urbanística. Uno por aprobar su resolución en el Pleno, y otro por conceder la licencia en base a una resolución plenaria irregular.

Además, la Fiscalía de Málaga, pide a los seis concejales presuntamente implicados una multa de 30 euros diarios durante 24 meses, y durante cuatro años, al regidor de Canillas de Aceituno.

En la comarca de la Axarquía, hace apenas una semana, la Audiencia Provincial condenaba al alcalde de Sayalonga, José Luis Navas Camacho (PSOE), a un año de cárcel y nueve de inhabilitación por un delito contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación urbanística. En la sentencia, el juez considera probado que el regidor "no sólo concedió una licencia ilegal, sino que posteriormente se archivó sin justificación alguna el expediente de reestablecimiento de la legalidad urbanística". No obstante, Navas ya ha anunciado que la recurrirá.

Los hechos se produjeron en marzo de 2000 cuando el Ayuntamiento de Sayalonga aprobó la concesión de una licencia solicitada por un particular para una vivienda unifamiliar. La autorización fue concedida pero en el decreto se especificaba que la obra no podría iniciarse sin la presentación del correspondiente proyecto de ejecución y dirección facultativa. En el expediente el técnico municipal emitió un informe desfavorable a la concesión de la licencia de obra al encontrarse en terreno no urbanizable. La construcción comenzó en octubre de 2006 y se inició un expediente sancionador y de reestablecimiento de la legalidad urbanística, sin embargo, un año después fue archivada.

También estos días se ha conocido que la Fiscalía de Málaga ha solicitado un año de prisión y ocho de inhabilitación para el alcalde de Casarabonela, Sebastián Gómez (PSOE), por un presunto delito contra la ordenación del territorio por conceder una licencia de obra que se supone ilegal. En esta causa también está acusado el promotor de la vivienda.