782.445

La Fiscalía de Málaga sostiene que el alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón (PP), percibió 238.785 euros procedentes de las comisiones que presumiblemente pagaron entre 2002 y 2006 varios promotores para que se elevara la edificabilidad de diferentes suelos o se permitiera construir en terrenos no urbanizables.

El escrito de acusación provisional emitido por el fiscal señala que esta suma la recibió el alcalde de manos del concejal de Urbanismo del municipio, José Gregorio Guerra Gil, que era el que supuestamente se "encargaba de negociar las nuevas condiciones urbanísticas a aplicar a los proyectos de obra y las contrapartidas a abonar por los empresarios, recaudando los fondos procedentes de tales pagos y llevando personalmente su contabilidad".

En conjunto el Ministerio público determina en 782.445 euros la cantidad que José Gregorio Guerra recibió en concepto de presuntas comisiones en 11 operaciones inmobiliarias.

El fiscal acusa al alcalde de Alhaurín el Grande de cinco delitos continuados de cohecho pasivo (recibir dinero) por los que le pide en conjunto cuatro años y medio de prisión, una multa de 500.000 euros y 11 años de inhabilitación para cargo público. Además le imputa otro delito de prevaricación omisiva, porque supuestamente permitía los tejemanejes en el área de Urbanismo, por el que le reclama otros ocho años más de inhabilitación.

Al concejal Gregorio Guerra le atribuye 11 delitos de cohecho continuado por los que solicita cinco años y medio de cárcel, 1,6 millones de euros de multa y 11 de inhabilitación. También le acusa de otros 14 delitos contra la ordenación del territorio con carácter continuado por los que insta dos años más de privación de libertad y otros 10 de inhabilitación.

Junto al alcalde de Alhaurín el Grande y su concejal de Urbanismo, la Fiscalía de Málaga acusa al asesor jurídico del Ayuntamiento Juan Burgos de 12 delitos contra la ordenación del territorio porque supuestamente emitía informes favorables a operaciones inmobiliarias que no contaban con el respaldo del arquitecto del Ayuntamiento y que para la Fiscalía estaban en contra del planeamiento imperante en el pueblo. Este técnico se enfrenta a 18 meses de prisión y ocho años de inhabilitación. En uno de los casos investigados el informe jurídico fue firmado por el también asesor Ildefonso Domínguez, al que imputa un delito contra la ordenación del territorio y para quien el Ministerio Fiscal solicita un año de prisión y siete de inhabilitación.

Junto al alcalde, el concejal de Urbanismo y los dos técnicos municipales, se han presentado cargos contra 16 promotores inmobiliarios, que han sido acusados en todos los casos de un delito de cohecho activo (pagar a cambio de favores), por el que se enfrentan cada uno de ellos a dos años de prisión y multas que oscilan entre los 200.000 euros y los 10.000 euros.

Quince de ellos, además, han sido acusados de un delito contra la ordenación del territorio por el que el fiscal exige un año más de reclusión y siete de inhabilitación para cargo público.

El fiscal deja fuera del caso a cinco personas que inicialmente fueron investigadas, entre la que figura la esposa de Juan Martín Serón, María Teresa Santos.

El escrito de acusación provisional precisa que el alcalde presumiblemente "permitía" la "conducta delictiva" del concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, pero que a cambio de su "silencio" supuestamente "obtenía la oportuna participación en el dinero" logrado mediante la ampliación del volumen de edificación.

Para la Fiscalía, en Alhaurín existía desde 2002 una "trama cuyo objeto no era otro que obtener el enriquecimiento personal ilícito de ciertas autoridades municipales".