El alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón (PP), y su esposa, Teresa Santos, realizaron en un año una inversión inmobiliaria cuyo importe supuso cerca del doble de la capacidad de ahorro de la familia, según un informe policial que consta en el sumario judicial del caso Troya.

El informe, realizado por la sección de Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales de la Udyco Costa del Sol, y al que ha tenido acceso Efe, establece que en el año 2005 la familia Martín-Santos gastó 51.000 euros en inversiones inmobiliarias, todas ellas en efectivo, y compró también un vehículo Audi que costaba casi 30.000 euros, cuando su capacidad de ahorro era de 26.000 euros.

Según la Policía, la pareja adquirió a lo largo de su matrimonio doce propiedades inmobiliarias y "solamente" en tres casos se subrogó a un préstamo hipotecario, dos de los cuales se cancelaron al año siguiente de su adquisición al producirse la venta de la propiedad.

Los investigadores creen que Serón ha colocado en cuentas de su titularidad "efectivo metálico con origen desconocido (más de 50.000 euros), enmascarando ese origen con el resto de movimientos e integrándolo posteriormente en productos financieros, concretamente depósitos a plazo". Este informe señala que la práctica inexistencia de adeudos en una cuenta de la familia para el sostenimiento de los gastos normales de sus integrantes "pone de manifiesto que éstos pudieran estar siendo sufragados con efectivo metálico presuntamente proveniente de fuentes de renta de origen desconocido".

El informe, remitido al Juzgado de Instrucción número 2 de Coín, ha analizado las cuentas bancarias del matrimonio, así como el uso que del dinero hacían los dos y los investigadores deducen que podría existir presuntas actividades de blanqueo de capitales de origen ilícito.

Para esta afirmación, los agentes se basan en que se ha detectado en la unidad familiar Martín-Santos incrementos patrimoniales no justificados y una importante generación de efectivo que posteriormente se trasmite, transforma e incorpora en el circuito financiero legal en forma de producto bancario.

El alcalde y el concejal de Urbanismo de Alhaurín el Grande, Gregorio Guerra, fueron detenidos el 18 de enero de 2007, en la primera fase de la operación Troya, en la que fueron arrestados en otras fases 22 personas más, el arquitecto municipal, el asesor jurídico del Ayuntamiento y veinte empresarios.

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Coín, Carlos Peinado, ha levantado la última parte del sumario que quedaba secreta después de un año de instrucción y la mayoría de los imputados son empresarios de la construcción o vinculados con el sector.