El ex regidor de Manilva trata de anular el registro en el que le hallaron 762.102 euros

El 13 de octubre de 2005 la Policía irrumpió en el ático de Sabinillas del entonces alcalde de Manilva, Pedro Tirado. Allí encontró en bolsas 762.102 euros en metálico que la Fiscalía cree que procedían de un presunto soborno pagado por Aki Kujala. Este empresario finlandés, también imputado en el caso Ballena Blanca contra el lavado de dinero negro, es responsable de la sociedad Royal Marbella Estates, que unos meses antes había logrado cerrar un fabuloso negocio inmobiliario en el que obtuvo plusvalías de 90 millones de euros, gracias a que el Ayuntamiento había elevado la densidad de la finca La Parrada para que se construyeran en lugar de 10 viviendas por hectárea 18.

Ayer, el abogado Juan Carlos Rivera, que defiende a Pedro Tirado, planteó la nulidad del registro ante el tribunal de la Sección Octava de la Audiencia de Málaga que juzga a Tirado y otras tres personas por presunto cohecho y blanqueo de capitales. El letrado indicó durante la exposición de las cuestiones previas que el ex alcalde de Manilva quería que se avisara a su abogado para que estuviera presente en el registro. Sin embargo, no sólo no se aceptó que se avisara a un letrado de confianza del alcalde, sino que se le proporcionó uno de oficio. Juan Carlos Rivera aseguró que se vulneró el derecho a la defensa y a la libre elección de letrado porque en vez de acudir el letrado que formalmente estaba de guardia, Pedro Tirado fue asistido por la abogada Cristina Rodríguez Alarcón, concejal socialista del Ayuntamiento de Estepona que años después denunció las irregularidades destapadas en el caso Astapa contra la corrupción en Estepona.

La defensa aseguró que Pedro Tirado albergaba "dudas" sobre la imparcialidad de esta letrada entre otros motivos porque podía actuar movida por diferencias políticas.

Esta vía de ataque fue rápidamente contestada por el fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero quien instó a que se le dijera "cuál es la norma" que establece la presencia de un letrado en un registro domiciliario, puesto que la ley sólo obliga a que se haga en presencia del secretario judicial y del acusado.

El registro domiciliario es uno de los episodios fundamentales en la investigación sobre el ex alcalde de Manilva, dada las dudas que genera la existencia de una cantidad de dinero en efectivo tan importante.

Las defensas del finlandés Aki Kujala, así como del cuñado del alcalde, Francisco Calle, que presuntamente fue quien medió ante Tirado para que se aumentara la densidad residencial de La Parrada, y de Rafael Fernández, supuesto testaferro de Calle, trataron de hacer valer la vulneración de los derechos fundamentales para reclamar la nulidad de la instrucción judicial.

En este sentido cuestionaron que el titular en 2005 del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, Miguel Ángel Torres, fuera el juez natural que le correspondía investigar un asunto que sucedió en Manilva y, por tanto, en el ámbito de actuación de los juzgados de Estepona. El fiscal respondió que se trataba de una causa descubierta durante las investigaciones del caso Ballena Blanca que dirigía este magistrado y que la sociedad que promovió la operación de La Parrada, que catalogó de "pelotazo urbanístico", tenía su sede en Marbella.

Para la Fiscalía el argumento de la competencia territorial del juez Torres excede "con mucho el derecho de defensa", máxime "en los tiempos que corren cuando hay un procedimiento penal contra un magistrado al que se le acusa de actuar fuera de su competencia territorial".

El letrado José Antonio Choclán, en representación de Francisco Calle y Rafael Fernández, cuestionó la imparcialidad del juez instructor, Miguel Ángel Torres, "que variaba el objeto o las bases de la imputación a medida que las defensas demostrábamos que eran erróneas", al tiempo que denegaba pruebas en una instrucción que en su opinión se caracterizaba por el "interés persecutorio".

Para esta defensa la medalla al mérito policial que recibieron en 2007 tanto el juez Miguel Ángel Torres como el fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero fue una "recompensa" que vulneraba las garantías del juez imparcial, por lo que exigió la nulidad "radical" de la instrucción.