El ex concejal de Hacienda de Marbella durante la era del gilismo, Antonio Calleja, imputado también en el caso Minutas por su labor como gerente en sociedades municipales aseguró ayer ante el tribunal que juzga este caso que "a día de hoy" entiende que el interventor municipal no ejerció "sus funciones". Añadió que "nunca" intervino en las sociedades en las que él ostentaba la gerencia.

Calleja explicó que la situación de la Intervención era "como una calle con una sola dirección y donde hay un coche patrulla con dos policías y esos dos agentes se van a tomar café, los coches que llegan vienen en dirección contraria y así durante 14 años. "Yo creo que esos policías tienen alguna responsabilidad", apostilló.

Manifestó que "nunca" vio un reparo del interventor a los pagos que se hacían al letrado y presidente del Sevilla, José María del Nido, por lo que se preguntó cómo iba él a poner pegas a unas minutas que contaban con la bendición del Ayuntamiento. "A mí me podría parecer mucho, poco o mal pero no era mi competencia".

Calleja subrayó que le sorprendía "no el hecho de la tramitación y de la salida de los fondos del Ayuntamiento para pagar facturas de cierta relevancia", sino que el Ayuntamiento "no pagaba la Seguridad Social, no pagaba a Hacienda y eso es apropiación indebida", criticó.

Calleja, que ayer concluyó su declaración, manifestó que "nunca" tuvo alguna instrucción por parte de Del Nido de no facilitar algún documento al Tribunal de Cuentas durante la fiscalización, aunque "no se podía enviar nada sin que él lo viera".

También precisó que aunque "era gerente" "no decidía. Ningún gerente de ninguna sociedad municipal tomaba decisiones, ni contrataba, ni hacía o deshacía si previamente no te lo indicaban los responsables, es decir, el alcalde ", aseguró en referencia al fallecido Jesús Gil.

Respecto a la transferencia de fondos desde el Ayuntamiento a alguna sociedad municipal para el pago de minutas a Del Nido manifestó que "evidentemente" "estaba dentro de mi trabajo". "Era contable de algunas sociedades y, por tanto, la función administrativa de algunas de esas empresas la llevaba yo directamente".

La Fiscalía Anticorrupción le pide dos años y medio de cárcel por asociación ilícita y malversación de uso de bienes.