Las corporaciones municipales que gobernaron Marbella tras la inhabilitación primero y el fallecimiento después de Jesús Gil actuaron de facto como "surbordinados" de Juan Antonio Roca. La Fiscalía Anticorrupción analiza el papel de esta figura central del régimen que gobernó Marbella entre 1991 y marzo de 2006 en el escrito de acusación que ayer elevó a la Sección Primera de la Audiencia de Málaga que tiene previsto juzgar el caso Malaya a partir del 27 de septiembre.

Afirma que en el municipio se impuso un "urbanismo a la carta" y que el planeamiento se modificaba con la excusa de la revisión del PGOU o del plan de 1998, documentos que nunca tuvieron eficacia jurídica. En el verano de 2003, apenas unos meses después de las elecciones municipales, Julián Muñoz se rebeló contra el jefe (Roca) y quiso "asumir el efectivo control del Ayuntamiento" poniendo control al poder que detentaba el poderoso asesor de urbanismo. Este hecho propició una moción de censura y la llegada de un nuevo gobierno presidido por Marisol Yagüe. El jefe volvía a tomar el mando.

A partir de ese momento, según Anticorrupción, el urbanismo regresó a las manos de Juan Antonio Roca que se servía "de su especial posición para beneficiar a determinados empresarios amigos a costa del patrimonio municipal: enajenación de inmuebles o venta de aprovechamientos por debajo de su valor real siempre a cambio de la pertinente comisión o dádiva".

Roca mantuvo todos los cabos amarrados cortos. Creó una organización sin fisuras basada fundamentalmente en lazos de fidelidad. Anticorrupción subraya que el único vínculo que le unía con el bufete madrileño que supustamente urdió el entramado societario en el que se le perdía el rastro a su patrimonio era la "confianza". Al tiempo, buscó otro abogado en Marbella, Juan Germán Hoffman, supuestamente para que le preparara una estructura en el exterior para darle salida a su imperio.

Sólo tuvo dos contables (Sergio Santana y Salvador Gardoqui), una red de testaferros fuertemente dependiente de él pero sin relaciones entre sí y, por si acaso, un jefe de seguridad, Jaime Hachuel, que presumiblemente se encargaba de proporcionarle teléfonos encriptados imposibles de intervenir y comprobaba las matrículas de los vehículos sospechosos.

Pero a este hombre que se define a sí mismo como "meticuloso" se le escaparon dos detalles aparentemente nimios. El descontento del jefe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Marbella, Jorge González, que citado a declarar por el juez Miguel Ángel Torres por el caso Guadalpín contó al magistrado lo que supuestamente ocurría en el municipio y el control que ejercía Roca. El segundo detalle fue la contabilidad, ese fleco que tantos quebraderos de cabeza ha dado en tantas otras organizaciones.

El fiscal Anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, calificó de "ganga" durante la vista oral de los recursos de apelación contra los procesamientos el hallazgo de los archivos contables en la sede de Maras Asesores. Se trata de listados de iniciales junto a los que aparecen cifras. Los investigadores sostienen que esas iniciales corresponden por una parte a una serie de empresarios y las cifras a las cantidades que pudieron haber pagado y, por otra parte, a los concejales del equipo de gobierno y a las comisiones que presumiblemente percibieron.

Son anotaciones en archivos informáticos y en papel que con toda probabilidad se convertirán en el centro de la batalla judicial que comenzará a librarse en la sala a partir del 27 de septiembre.