LA situación que se vive en el seno de la Policía Local de Torrox, que ha llegado a tener en los últimos días en situación de baja laboral a la práctica totalidad de sus 34 efectivos, no es nueva ya que se viene repitiendo, aunque no de forma tan llamativa como ahora, desde hace años. Nadie acierta a explicar cuál es la razón exacta por la que los agentes municipales dejan de acudir a sus puestos de trabajo.

Las fuentes consultadas coinciden en asegurar que no consta la existencia de una epidemia entre sus integrantes, ni que esté sobre la mesa una reivindicación clara de carácter laboral. También afirman que no se trata de un problema de organización ya que el oficial responsable del cuerpo de seguridad local es un brillante profesional.

Ya en enero de 2008, 18 de los 28 agentes que entonces conformaban la plantilla policial estuvieron de baja durante varias semanas, teniendo que encomendar las labores de patrulla por las calles del municipio a voluntarios de Protección Civil. Entonces nadie desmintió que la baja masiva de los agentes se debiera a que no encontraban en el equipo de Gobierno ningún interlocutor válido para negociar sus exigencias profesionales.

En el verano de 2009, en plena temporada turística y con el municipio lleno de veraneantes, hubo días en que sólo un agente tenía encomendada las labores de seguridad en Torrox. Una anómala situación que fue reconocida por el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, que en un informe señalaba que "existe una situación de conflicto laboral" y consideraba que "existen indicios de un cúmulo de circunstancias que dificultan la adecuada prestación del servicio público de seguridad por la Policía Local y la prestación y el ejercicio de importantes funciones y competencias que en materia le corresponden".

Fue entonces, en octubre de 2009, cuando la oposición socialista denunció la actitud irresponsable de la alcaldesa Antonia Claros, a la que acusó de ceder al "chantaje" de la Policía Local al premiar la huelga encubierta con el pago de 80.000 euros a repartir entre la plantilla en contra del criterio de los técnicos municipales.

Ante la situación de inseguridad, recrudecida durante este fin de semana, el PSOE de Torrox, a través de su portavoz Francisco Muñoz, ha denunciado que "es el fiel reflejo de lo que está acarreando el pacto de intereses de IU y PP en nuestro municipio. Formaron un gobierno en el que lo de menos era el interés general y que no se ha preocupado en ningún momento en atender las responsabilidad municipales dando lugar a situaciones tan peligrosas como la que estamos viviendo en los últimos días". Entre otras, según denuncian, dejar la Jefatura de la Policía Local, donde se encuentra el depósito de detenidos y el propio armero de la Policía, en manos de una empresa privada.

Al margen de que los socialistas hayan anunciado su intención de pedir la dimisión de la alcaldesa y del concejal responsable de Seguridad Ciudadana, Manuel Palomas y la posibilidad de exigir responsabilidades legales, la falta de soluciones ante este problema larvado también puede motivar el deterioro de las relaciones entre extraños compañeros de viaje, como son los ediles de Izquierda Unida y los populares, ya que no hay que olvidar que Palomas, responsable de la seguridad municipal, aunque elegido en las listas de la Plataforma Independiente Unificada (PIU), es ahora el presidente local del Partido Popular, en virtud de los pactos suscritos para unificar el centro-derecha en Torrox. Por lo que los distintos intereses y posiciones de ambas partes pueden pasarles factura en tiempos preelectorales.