El comisario general de la Policía Judicial, Juan Antonio González, se querellará contra el abogado del constructor Rafael Gómez, procesado en el caso Malaya, Antonio Urdiales, que el miércoles relacionó al mando policial con unos supuestos sobornos pagados por el cerebro de la trama de corrupción, Juan Antonio Roca. Así lo aseguraron fuentes policiales, que explicaron que el jefe de la Policía Judicial decidió presentar una querella por calumnias contra el abogado Antonio Urdiales. El letrado aseguró el miércoles en la vista del juicio por el caso Malaya que Juan Antonio González podría estar tras las siglas "J. A. G." halladas en documentos de Roca, en los que se detallan pagos y sobornos.

La caja de truenos abierta por el abogado también provocó que el portavoz del PP en la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso, Rafael Hernando, exigiera que la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, aclaren "inmediatamente" si el jefe de la Policía Judicial, Juan Antonio González, cobró sobornos de Juan Antonio Roca, imputado en el caso Malaya. El abogado de uno de los acusados en el caso Malaya solicitó al tribunal que indagara la vinculación entre Roca y un responsable policial -cuya iniciales J. A. G. ligó a Juan Antonio González-, al que supuestamente habría entregado 200.000 euros en sobornos.

"Rubalcaba y De la Vega deben dar explicaciones urgentes sobre la veracidad de esos hechos y de las investigaciones para determinar a quien corresponden las iniciales de ese alto cargo policial que se habría prestado, al parecer, al cobro de un soborno", declaró Hernando a Europa Press. Si no lo hacen, advirtió, su partido llevará este tema al Congreso de los Diputados.

El diputado del PP recalcó que "resulta urgente e imprescindible" saber "quién es el comisario malayo", así como conocer "qué ha hecho el Ministerio del Interior para desenmascarar o encubrir al mismo a estos altos precios". Hernando recordó que las iniciales se están atribuyendo al jefe de la Policía Judicial, Juan Antonio González, quien, según dijo, "pertenece a la camarilla político-judicial del sector Rubalcaba". Es más, recordó que hace unas semanas este comisario "daba unas instrucciones a todas las comisarías del país con el objetivo de controlar cualquier investigación sobre corrupción que se realice en España para darle un tratamiento especial". El diputado del PP criticó asimismo que el mismo día que aparecían estas informaciones la vicepresidenta del Gobierno prometía "tolerancia cero" contra la corrupción, durante la inauguración de Ágora, América Latina 2010. "El cinismo de Fernández de la Vega resulta insultante", resaltó.

Finalmente, aprovechó para reprochar a De la Vega que "aún no haya informado de los regalos que ha recibido en los últimos años". "Se ha negado de forma pertinaz y cuando uno habla de transparencia tiene que predicar con el ejemplo", concluyó. Por su parte, el presidente del PP-A, Javier Arenas, abogó por que todo lo que se recupere en relación con el caso Malaya "vaya al sitio de donde salió, que es Marbella"; por que se asuman responsabilidades políticas, y por que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, dé las correspondientes explicaciones. A su juicio, el vicepresidente tercero del Ejecutivo, Manuel Chaves, cuando era presidente de la Junta, y el propio Gobierno andaluz "miraron durante un montón de años para otro lado y tenían todas las competencias para haber intervenido".

Por su parte, la secretaria de Organización del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, enmarcó las declaraciones efectuadas por Arenas en la "campaña de insidias e intoxicaciones emprendida contra el Gobierno andaluz por el PP, que no sólo quiere jugar a la confusión y manchar la gestión realizada por la Junta de Andalucía, sino manchar la honorabilidad de políticos honrados y diligentes en su gestión", como es el caso del ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, a quien Arenas pidió que explicara la supuesta vinculación de un cargo policial con la trama del caso Malaya que los tribunales investigan en Marbella.

La dirigente andaluza afirma en un comunicado que fue la Junta de Andalucía la que interpuso más de 400 impugnaciones a convenios y decisiones urbanísticas del Ayuntamiento de Marbella y que la Justicia "no aceptó la petición de medidas cautelares para paralizarlas", al tiempo que subrayó que fueron los socialistas quienes tomaron cartas en el asunto en la lucha contra la corrupción en Marbella al acordar en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la petición de solicitar al Consejo de Ministros la disolución del Consistorio Marbellí, una decisión que llevó a término el Gobierno de Zapatero "después de que el propio Arenas se opusiese a ello en 2003 cuando era ministro de Administraciones Públicas".