El Ayuntamiento de Málaga acaba de dar forma al instrumento que le va a permitir maquillar los números rojos de su deuda y adelantar a antes de fin de año obras por valor de 15,5 millones de euros, la mayoría para la mejora de la imagen de los barrios, que de otro modo no podrían ser impulsadas en el ejercicio próximo dado que se pagan con préstamos. Esta herramienta no es otra que la Sociedad Municipal de Vivienda (SMA) que se acaba de constituir para que asuma la promoción de VPO, con capacidad de generar deuda sin que compute en las cuentas del Consistorio.

Este paso se produce en respuesta a la prohibición del Gobierno central para que las corporaciones locales con un débito elevado no puedan solicitar nuevos créditos para inversiones, situación que afecta de lleno al Consistorio malagueño, cuyo déficit se cifra en 700 millones, de los que 152 son imputables al IMV.

El enrevesado ejercicio de ingeniería financiera realizado por el equipo de gobierno del PP tuvo ayer un primer resultado. El consejo rector del IMV, del que dependerá el nuevo ente, acordó dar de baja los ya mencionados 15,5 millones de su capítulo de inversiones (más de la mitad del mismo) y que estaban reservados para contratar 19 promociones de VPO. Tomada esta decisión, lo que hacen los populares es variar el destino de los préstamos, que la nueva sociedad mercantil volverá a pedir a principios de 2011.

La estrategia diseñada premia el lavado de cara de los distritos a pocos meses de las elecciones municipales, ya que recibirán casi 10 millones no previstos. Con este dinero, según la portavoz del equipo de gobierno y concejal de Economía, Carolina España, se impulsarán tareas de conservación de acerado, colegios, alumbrado, zonas verdes y parques y jardines en los barrios, todo valorado en unos 4,9 millones, a los que sumar 4,5 para el plan de conservación de pavimentos y firmes.

La cuantía restante irá al plan turístico de la capital, acordado por el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, con 2,2 millones de euros; 1,3 millones al auditorio de la música; 1 millón a la finalización de la segunda fase de los campos de fútbol de césped artificial, y otro millón para los pagos en juntas de compensación.

Carolina España informó de que la nueva sociedad mercantil, que empleará parte del personal del IMV, que queda para rehabilitación y gestión de viviendas en alquiler, tiene el objetivo de adecuar la situación del Ayuntamiento a otros consistorios, donde la deuda de la empresa de vivienda está desgajada. "Nos va a permitir incrementar las inversiones en los barrios, porque estamos convencidos de que independientemente de los grandes proyectos de ciudad, nuestra prioridad absoluta son los barrios de la ciudad", expuso.

En cuanto a la supresión de la mitad de la inversión planificada por el IMV, el concejal del departamento, Diego Maldonado, restó importancia y aseguró que los proyectos previstos en 2010 "se están ejecutando". "No vamos a parar de hacer vivienda", insistió. "Hay un elemento nuevo en el escenario", dijo, en alusión a la sociedad mercantil, "y esa nueva criatura nos permite hacer una serie de variables sobre el camino emprendido, pero el fin es el mismo", expuso.

La concejal de Economía justificó la decisión en que son obras que no van a poder iniciarse hasta 2011. Por ello, "hemos creído más positivo para el conjunto de la ciudad empezar las viviendas en enero con cargo a la nueva sociedad e invertir los préstamos en los barrios", resumió. La creación del nuevo ente, en la línea de lo que intentó sin éxito el alcalde, Francisco de la Torre, con Unicaja, no cuenta con el aval del PSOE, para el que el PP "busca ocultar el alto nivel de endeudamiento que sufren las arcas municipales".

No es la primera vez que el equipo de gobierno trata de amortiguar sus problemas económicos. Ya lo hizo a finales de 2009, cuando aplicó un canon de 75 millones a Emasa por el uso de las redes de suministro de agua. Esta circunstancia obligó a Emasa a aumentar considerablemente su deuda.