En 2008, decenas de hombres jóvenes de Soacha, una localidad cercana a Bogotá, perdieron la vida a manos de fuerzas de seguridad en el que se considera el caso más emblemático de ejecuciones extrajudiciales en la historia de Colombia. Las víctimas fueron acusadas de pertenecer a la guerrilla y a los cuerpos paramilitares, pero en 2009, a consecuencia de las numerosas protestas públicas, un total de 56 miembros de las fuerzas de seguridad fueron detenidos en relación con aquellas muertes. Sin embargo, en enero de 2010, todos ellos fueron libertados por los tribunales a causa de un vencimiento de términos. Ahora, algunas madres de aquellas víctimas se han organizado en una causa común auspiciada por Amnistía Internacional y diversas organizaciones de Derechos Humanos de Colombia para exigir justicia. Ayer, dos de estas madres explicaron su caso en el Centro Cultural Provincial de Málaga.

El encuentro se enmarcó en una gira que llevará a estas madres en los próximos días a Salamanca, Madrid (en una cita con el Ministerio de Exteriores) y a diversas ciudades de Alemania, Bélgica, Holanda, Dinamarca e Irlanda. La defensora de los Derechos Humanos Nancy Sánchez, que acompaña a estas madres por toda Europa, acusó ayer al Estado colombiano de manifestar una "evidente falta de voluntad en el caso", ya que la audiencia del juicio oral se demoró hasta 422 días (el plazo máximo es de 90) "porque la defensa de los militares presentó diversas excusas que no fueron investigada". El asunto compromete además "la política de seguridad del Gobierno".