Sólo tres semanas después de que la directora del centro Parque Animal de Torremolinos y dos empleados fueran detenidos por la muerte presuntamente irregular de más de 2.230 animales, la Guardia Civil detectó ayer una nueva partida con alrededor de una veintena de perros y gatos muertos que iban a ser incinerados. Al menos varios fueron sacrificados hace apenas una semana y estaban congelados, aunque ahora habrá que concretar la causa de la muerte para determinar si se trata de un nuevo caso de eutanasia ilegal, como los que investigan los miembros de la Guardia Civil.

Los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Málaga siguieron al furgón que realizaba la entrega de los animales que estaban en Parque Animal al nuevo centro, ubicado en Alhaurín del Torre, al que el Ayuntamiento de Torremolinos ha adjudicado el servicio municipal tras suspender el contrato a la Asociación de Defensa y Protección de los Animales. En el vehículo iban, además de algunos ejemplares vivos de traslado, los 20 animales muertos para su incineración en Alhaurín, porque este centro tiene autorización para hacerlo.

La lectura de los microchips de los animales encontrados permitirá localizar a los propietarios y saber cuándo fueron entregados al centro y en qué día aproximado pudieron ser sacrificados. Según ha podido saber este periódico, al parecer uno de ellos murió el pasado 23 de noviembre, menos de 24 horas después de que fuera dejado en la protectora por sus dueños en perfecto estado de salud.

El jefe del área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Torremolinos también acudió al centro al enterarse de la inspección que estaba llevando a cabo la Guardia Civil y trató en vano de que los empleados que había en ese momento se identificaran y le entregaran la documentación sobre los animales que iban a ser sacrificados.

El hallazgo del Seprona se produjo sólo unas horas antes de que el Ayuntamiento de Torremolinos hiciera público un comunicado en el que anunció que había adjudicado a Paraíso Residencia Canina S. L., el servicio de recogida, transporte y albergue de animales.

El propio Consistorio reconoció que tras la denuncia presentada por el Seprona el 18 de noviembre en el área de Medio Ambiente por las presuntas infracciones administrativas cometidas en el centro el alcalde, Pedro Fernández Montes, decidió al día siguiente la suspensión temporal del contrato de servicios con Parque Animal y cuatro días más tarde dictó providencia de apertura de expediente sancionador, que fue remitido a la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía por ser la competente para sancionar las faltas graves o muy graves que supuestamente habían sido cometidas por la protectora. Unos días antes se había negado a acometer cualquier tipo de cambio en el Pleno.

Al parecer, y según el Ayuntamiento, la presidenta de Parque Animal recibió la notificación de la suspensión del contrato el miércoles de la semana pasada, cuando también se le avisó de la incoación del expediente sancionador.

Pero antes ya se había acordado que fuera la veterinaria municipal la que se hiciera cargo de los animales que aún quedaban en el centro a la espera de que se adjudicara nuevamente el servicio.

El supuesto maltrato cometido por la directora y el encargado consistía en sacrificios de animales con "muy bajas dosis de medicamento letal para ahorrar en costes, lo que causaba una muerte lenta y agónica". Los sacrificios masivos se efectuaron entre el año pasado y éste y un veterinario que ejerció su actividad en la asociación lo denunció en junio pasado, lo que dio lugar a la investigación del Seprona.

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