Los jueces progresistas pidieron ayer en Málaga cambios en la ley para que la dación o entrega de la vivienda sea suficiente para saldar las deudas hipotecarias. Los magistrados criticaron que las familias más golpeadas por la crisis que se ven sin recursos para afrontar las hipotecas, una vez que se quedan sin casa tengan que seguir pagando al banco. Esta circunstancia se da cuando una vivienda embargada es subastada por una cantidad inferior a la del crédito pendiente de pago, algo muy común tras la severa caída de los precios de los pisos que se ha registrado en los últimos tres años. La legislación española no considera saldada la deuda con la entrega de la casa, sino que el particular sigue obligado a abonar la cantidad restante hasta cubrir la totalidad del préstamo.

La asociación Jueces para la Democracia, cuya comisión permanente se reunió ayer en Málaga, resaltó que la legislación española en este asunto es excepcional. Tanto en el entorno europeo como en Estados Unidos se contempla la dación en pago, de modo que las deudas hipotecarias quedan saldadas definitivamente con el embargo de la vivienda. Esta opción no existe en la Ley Hipotecaria española, si bien, por primera vez, un tribunal ha obligado a un banco a aceptar la entrega de un piso para saldar la totalidad de una hipoteca. En aquel caso, el afectado tras quedarse sin vivienda tenía además que pagar 30.000 euros adicionales al banco, de los que 8.000 eran intereses. Sin embargo, la Audiencia de Navarra consideró que la casa era suficiente para cubrir el capital prestado.

Jueces para la Democracia, sin embargo, alerta sobre el riesgo que pueden implicar los pronunciamientos judiciales "discrepantes, porque mientras un juzgado dice una cosa otro puede decir la contraria", generando "inseguridad jurídica", precisó ayer el portavoz de la organización, José Luis Ramírez. Por tanto, la solución es cambiar la ley. Además, reclaman que se regule el sobreendeudamiento de las familias, de modo que se concilien los intereses del acreedor y del deudor sin liquidar la totalidad del patrimonio familiar y que aún así sigan existiendo deudas.

El portavoz de la asociación lamentó que no se hayan abordado estos cambios normativos. "No se entiende", dijo, que no lo haya hecho "un Gobierno socialista". Desde el punto de vista de esta organización de jueces y magistrados de perfil progresista la "mala praxis bancaria" de los últimos años se quiere ahora "repercutir sobre los derechos de los ciudadanos". Por eso, lanzó el guante al Gobierno y al poder legislativo para que aborden los cambios normativos necesarios para evitar que "sean los ciudadanos los que tengan que pagar las consecuencias de una situación que ellos no han provocado".