Las dos familias que aún viven en el número 6 de la calle Rosal Blanco del centro histórico de la capital pudieron dormir ayer tranquilas. Los herederos de la madre del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y propietarios del inmueble han decidido cederlo a la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de la ciudad para que las dos únicas vecinas sean realojadas lo antes posible por el riesgo de derrumbe, a pesar de que el Gobierno autonómico aún no ha pagado a la propiedad la cantidad acordada hace más de un año por la expropiación de la parcela.

Este paso dado por los dueños del edificio en da carta libre a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), dependiente de la Consejería de Obras Pública y Vivienda, pueda realojar a los inquilinos en virtud del acuerdo que firmó con el Ayuntamiento de la capital en 2005 para la rehabilitación del centro mediante la expropiación de determinadas parcelas y la construcción de las conocidas como tecnocasas.

Tanto los gastos derivados de la reubicación de los vecinos afectados como de las expropiaciones corresponden a la Junta, según explicó ayer el Ayuntamiento de la capital. La Gerencia Municipal de Urbanismo, por su parte, aseguró que continúa con los trámites para la extinción de los derechos de arrendamiento y se espera poder llevar estos expedientes, tanto el de este inmueble como el de otros también del área de rehabilitación concertada, al próximo consejo de administración para que los inquilinos puedan optar entre el cobro de una indemnización o su realojo.

El Defensor del Ciudadano, Francisco Gutiérrez, recibió un escrito de Luis Portero, el portavoz jurídico de la propiedad del edificio, para que informara a las familias de la cesión inmediata del inmueble después de que el pasado lunes denunciaran públicamente ante los medios de comunicación el lamentable estado de conservación en el que se encuentra y el elevado riesgo de derrumbe que existe acrecentado por culpa de las lluvias de los últimas días. Las dos inquilinas que viven en el edificio con contrato de arrendamiento, por el que pagan 72 euros al mes, recibieron con alivio la decisión, según Gutiérrez, que confió en que se agilicen los trámites para que pueda hacerse efectivo el desalojo del edificio y que agradeció en una carta al portavoz de la familia del alcalde la medida.

Casi tres han pasado ya desde que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga iniciaron el expediente de expropiación de esta parcela. Un año y medio después, en diciembre de 2009, se aprobó el acta de mutuo acuerdo para la adquisición de la finca y un mes más tarde la Gerencia Municipal de Urbanismo notificó a EPSA que ya podía pagar a la propiedad la cantidad acordada sobre la expropiación, lo que se comprometió a hacer en el plazo de seis meses.

2008