EN la Grecia clásica sólo se consideraba ciudadano de pleno derecho a aquellas personas libres y con sus necesidades básicas cubiertas, porque sólo ellas podían participar activamente en el gobierno de la polis, en el arte y en la filosofía. De la misma manera, en la sociedad actual sólo pueden ser ciudadanos en el pleno sentido de la expresión, quienes tienen garantizadas sus necesidades básicas. De ahí que la cuestión de los derechos sociales, como garantía de esas necesidades, constituyan una auténtica Cuestión de Estado, junto a las libertades y las instituciones democráticas. Sin ellos muchas personas pasarán de la condición de ciudadanía a la de súbditos.

Los derechos sociales, fundamentos del Estado del Bienestar, constituyen la base del pacto social sobre el que se sustentan las democracias occidentales. No son un adorno en épocas de bonanza, porque no los financia una clase pudiente (que en España, por cierto, contribuye muy poco al mantenimiento del Estado y de sus políticas sociales, en comparación con cualquier país europeo), sino el salario diferido que a través de la fiscalidad todos y todas aportamos.

En este marco, nuestra Constitución proclama a España como un Estado Social y Democrático de Derecho. En consecuencia, cuestionar los derechos sociales es cambiar el modelo de Estado y sociedad que decidimos darnos al aprobar la Constitución de 1978, y hacerlo al margen de los mecanismos democráticos previstos para una reforma constitucional no deja de ser un auténtico golpe de Estado.

La evidencia de la capacidad económica del gasto destinado a satisfacer derechos sociales, la dan los países que mayor desarrollo han logrado y que mejor están resistiendo los envites de la crisis. No es cierto que hayamos gastado en protección social más de lo que podemos; muy al contrario, España adolece de un auténtico raquitismo en esta materia: mientras que nuestro PIB es el 94% del de la UE-15, nuestro gasto público social es del 72%. Si lo lleváramos a lo que corresponde en porcentaje del PIB, tendríamos 66.000 millones de euros más cada año para nuestro Estado del Bienestar.

El recorte más canalla a través del Real Decreto-ley 20/2012, supone la práctica destrucción del sistema de atenciones y el retroceso de los derechos de las personas en situación de dependencia y de sus familias, incluso a los años anteriores a la aprobación de la Ley 39/2006. Se trata, por tanto, de una derogación de la Ley de dependencia, burdamente enmascarada en la falsa necesidad de sacrificios a que se está sometiendo al conjunto de la sociedad española. Las medidas que contiene son desalmadas y crueles con las personas, al tiempo que son antieconómicas. Entre las medidas adoptadas se pueden destacar como especialmente inútiles y sangrantes las siguientes: Se crea un plazo suspensivo de dos años (decenas de miles de dependientes morirán antes de recibir la ayuda), se suspende la incorporación de dependientes con Grado I (moderados) hasta el 2015, se incrementan las aportaciones y afectará al patrimonio de las personas dependientes, se reduce la cuantía de las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar en un 15%. Se eliminan las cotizaciones de los cuidadores no profesionales en el entorno familiar. Dicha revisión consiste en las 170.000 personas por las cuales se cotiza actualmente en el régimen especial de cuidadores.

La reducción dramática de 818 millones de euros (en Andalucía 177) tendrá como resultado: destrucción de la red de servicios, cierre de empresas del sector, pérdida de empleos, descensos en la recaudación pública (retornos) y, como única salida para las personas, el refugio en unas cada vez más miserables prestaciones económicas a las familias que cuiden de los suyos ante la imposibilidad de costearse servicios. Las medidas adoptadas suponen dejar de inyectar al sistema fondos públicos por importe de más de 800 millones de euros sólo en el ejercicio 2012. Invertidos inteligentemente en servicios necesarios para las personas dependientes, tales cantidades habrían supuesto la creación de 20.000 puestos de trabajo y unos retornos (directos e indirectos) a las arcas públicas de 352 millones de euros que, sumados a los retornos inducidos, podrían haber alcanzado una cifra cercana a los 500 millones de euros. Por el contrario, se depreciarán todas las atenciones a más de 780.000 personas, se destruirán con toda seguridad en lo que resta de año 2012 más de 10.000 puestos de trabajo y se incrementará el déficit público al detraerse aún más los ingresos derivados de los retornos que aporta el sector de las atenciones personales en Servicios Sociales.

El destrozo total del sistema es tan evidente que sólo caben dos posibilidades de valoración de la maniobra: o se trata de una demolición cruel y calculada de la Ley de dependencia o bien se ha cometido una torpeza de tal calibre que exigiría la dimisión de más de un responsable ministerial.