ES una alegría visitar los poquitos corralones que quedan ya en pié en Málaga. Sobre todo en esa semana que cada año se les dedica especialmente a ellos y cuando llegas están de punta en blanco, todo recién pintado, preciosos, coloridos. Pero lo mejor de todo no es eso: es ver cómo los vecinos pasan en esos espacios comunes tanto tiempo, charlando, debatiendo, disfrutando del tiempo, compartiendo sus vidas. Lástima que esos patios de vecinos donde todo es común (casi literalmente) estén desapareciendo. Lugares donde la charla era el bien común sin tantos cacharros tecnológicos, donde decir hola y adiós a la familia de enfrente era lo mínimo. Un espacio donde es habitual compartir el pan y más de un puchero. Una casa propia pero abierta a otros. Y nada de dudar en pedir sal o azúcar o la bombona si hace falta al vecino. Esa hospitalidad andaluza, española, latina. Una hospitalidad que, si no lo remediamos, no sólo terminará por la destrucción de los corralones. Si no que está perseguida legalmente. El Gobierno quiere introducir la hospitalidad en un lugar tan poco apetecible como el Código Penal: la reforma del texto de este documento pretende criminalizar esa buena vecindad, echar una mano a quien tenemos al lado. Y es algo tan absolutamente criticable como denunciable y peligroso para nuestra sociedad.

Peligroso, sí. Y mucho. Porque es comenzar un mal camino que nos llevará, siempre, a destinos indeseados. Si acoger a una persona en situación administrativa irregular -recuerden, se trata de un simple proceso burocrático, administrativo- puede convertirse en delito; si puede serlo también darle de comer o pagarle un billete de autobús a una ciudad donde un familiar, amigo u entidad social lo van a acoger. Si empezamos por ahí, nunca sabremos cómo parar.

Tampoco olvidemos que perseguir legalmente la hospitalidad no es más que un ingrediente que aviva la llama del racismo. Un racismo que empeora la convivencia, la cohesión social, la buena vecindad. Que sólo ve a través de los ojos del estereotipo y el prejuicio. Y que es una baldosa más -y de las más grandes- en ese camino que se arranca reformando el Código Penal para criminalizar a la solidaridad. Como también lo es el hecho de legislar sobre cuestiones éticas. Al institucionalizar el mensaje racista, al hacerlo forma parte de la ley, se está difundiendo un mensaje de discriminación. Con la reforma del Código Penal, el Gobierno está diciendo claramente: "no os queremos aquí. No vengáis que no sólo no queremos que nadie os ayude, sino que vamos a perseguir a quien lo haga por vuestra culpa".

Las organizaciones sociales somos conscientes de la etapa que atraviesa este país. Y, de una forma u otra, cada una lucha por mejorar la sociedad, los ciudadanos, esos que a veces parecen ser los grandes olvidados por las administraciones. Y tenemos claro que también es nuestra labor trabajar la sensibilización, reivindicar aquello que es injusto. De ello surge, por ejemplo, la iniciativa Salvemos la hospitalidad, centralizada en la web www.salvemoslahospitalidad.org. Un trabajo puesto en marcha por una veintena de entidades sociales de todo el país que día a día suma apoyos entre ayuntamientos, organizaciones sociales y miles y miles de firmas. Una campaña que pretende, precisamente, luchar contra propuestas como la reforma del Código Penal que, además de perseguir a los hospitalarios y solidarios, extiende ese racismo latente que cada vez tiene más peso en este país.

Porque es precisamente con el apoyo de todos como se conseguirá eliminar la discriminación. Como sii fuese un corralón solidario compuesto por quienes deben unir esfuerzos. Un espacio abierto a todos, solidario, que haga sentarse en una mesa y trabajar en una misma dirección a entidades sociales que trabajen con distintos colectivos, empresas, ciudadanos y políticos. A éstos últimos se les pedirá, eso sí, más hechos y menos palabras. Hoy, Día Internacional contra el Racismo, escucharemos a decenas de políticos de todos los partidos mensajes en pos de la convivencia intercultural y enumerar sus logros y políticas de mejora de la convivencia. Pero eso no basta. Hay que seguir trabajando los restantes 364 días.