EN contra de lo que pudiéramos pensar, los Estados también necesitan pedir prestado. No es un fenómeno nuevo, sino que hunde sus raíces en la Historia. Es más, el Estado, como lo entendemos hoy día, no se habría consolidado como institución política de no haber contado con la financiación de los Fugger, los Medici, los Welser, los Spínola, y demás banqueros. E igualmente no es infrecuente que a veces los Estados no puedan devolver lo prestado.

Hoy día, los Estados no reciben el dinero de prestamistas, sino de inversores, lo que a efectos prácticos tanto da, pues lo que los inversores pretenden mediante la suscripción de deuda soberana es percibir una rentabilidad y, como no podía ser de otra manera, la recuperación de lo invertido.

Si un Estado necesita fondos es porque los que allega por sí mismo son insuficientes para el cumplimiento de sus fines.

Dentro de los fines del Estado es preciso citar la provisión de cada vez más y más complejos servicios a sus ciudadanos, dentro del marco del estado de bienestar consolidado tras la Segunda Guerra Mundial. Este exceso en la provisión de servicios y defecto en su financiación podría apuntar hacia algunos desajustes estructurales que no han sido corregidos debidamente (ahí tenemos, por ejemplo, la reciente discusión, de momento pospuesta, acerca de la ampliación de la edad de jubilación hasta los sesenta y siete años).

Además del posible déficit derivado de estas circunstancias estructurales, la crisis financiera y económica que arrancó casi tres años atrás es causa directa del gasto extraordinario de los Estados en este período, vía recapitalización de entidades financieras, pago de más y nuevas prestaciones a los ciudadanos que pierden sus puestos de trabajo, inversión para lograr una mayor productividad (como sería el caso de nuestra proyectada Ley de Economía Sostenible), etcétera.

Por tanto, la necesidad de atender los pagos habituales y los gastos extraordinarios, con una recaudación inferior derivada de la menor actividad económica, justificaría de sobra el recurso al endeudamiento estatal.

Los Estados, en su condición de deudores, consideran que son capaces de devolver a los inversores las sumas prestadas, con sus intereses. Los inversores, por su parte, confían en que los Estados generarán la suficiente riqueza para ello. Cuanto más desconfíe el inversor de la capacidad del Estado para generar recursos, mayor será el porcentaje de interés que éste habrá de satisfacer calculado sobre el capital prestado. Si el inversor cree que el Estado no devolverá lo prestado, con sus intereses, no prestará (o lo haría con una enorme prima de riesgo, que conduciría a idéntico resultado: no prestar).

Si el Estado no puede cumplir con sus obligaciones de restitución de principal y pago de intereses, como ha ocurrido con Grecia, el inversor-acreedor no podrá realizar los bienes del Estado. No se olvide de que nos encontramos en relaciones en las que interviene un Estado soberano.

Y para añadir mayor dificultad, lo habitual será que el Estado haya recabado financiación no de un solo inversor, sino de varios (lo que nos aproximaría a la figura del concurso de acreedores "soberano", por llamarlo de algún modo).

Y volvemos a Grecia. Tal y como ocurre en la actividad privada, los diversos inversores podrían ampliar el plazo de devolución de la deuda (reestructuración de deuda), con o sin quita, con la esperanza de que Grecia recuperara entretanto la normalidad para poder hacer frente a sus obligaciones de pago. Dicha opción implica que los inversores no recuperarían inmediatamente el capital prestado, sino solamente los intereses (o ni siquiera eso). Esta opción sería válida siempre que los inversores no tuvieran a su vez que devolver el dinero recibido de terceras partes, pues si así fuera la opción de ampliar el plazo de devolución no sería viable y podría llevar a un posible contagio o riesgo sistémico.

Los Estados socios de Grecia en las instituciones de la Unión Europea, junto con el Fondo Monetario Internacional, facilitarán dinero a Grecia para que pague a sus inversores, por lo que Grecia habría cumplido con estos acreedores, pero tendría que hacerlo más adelante con sus nuevos prestamistas (los socios de la UE, y el FMI).

Se podría dar la paradoja de que los originarios inversores en deuda griega, que son mayormente entidades financieras alemanas, francesas y británicas, con el dinero del rescate recibido por Grecia pagaran a sus propios acreedores, entre ellos a los Estados que les inyectaron capital meses atrás y que ahora a su vez socorren a los griegos.

O sea, que como dijo Lampedusa, si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie.