La Intervención municipal del Ayuntamiento de Estepona detectó el viernes un desfase contable en las arcas municipales que supera los 100.000 euros, según denunciaron ayer fuentes municipales. El supuesto desfalco se habría producido mediante las anulaciones de ingresos que empresas y particulares realizaban en metálico en el Consistorio. El alcalde, José María García Urbano, redactó el lunes un decreto en el que ordenaba iniciar una investigación para trata de esclarecer las presuntas irregularidades, que denunció a última hora de la tarde de ese día ante la Policía Nacional.

En el precepto, el regidor manda limitar el acceso a algunos documentos y sistemas informáticos a los empleados municipales que Alcaldía autorice expresamente. "Los hechos son muy graves y hay que preservar la objetividad y la eficacia de la investigación para tener un conocimiento exacto de ellos", explicó ayer. El munícipe pidió "cautela" ante unas pesquisas que, avisó, "servirán para depurar responsabilidades administrativas y, en su caso, civiles y penales". El regidor señaló también que el Consistorio está elaborando un informe en el que se recogen los detalles de las supuestas irregularidades.

García Urbano decretó también "dispensar de la asistencia a su puesto de trabajo" al tesorero municipal, Félix Domínguez-Pimienta, hasta el 30 de este mes "en aras de un mejor desarrollo de la investigación". El plazo de la exención se podría ampliar en función del desarrollo de las pesquisas, según recoge el decreto del munícipe. Durante la ausencia de Domínguez-Pimienta, el jefe del Negociado de Gestión Tributaria actuará de tesorero accidental. Domínguez-Pimienta aseguró que hoy presentará una denuncia contra el decreto de García Urbano, del que dijo que es una fórmula "con la que el regidor trata de culpabilizarme, aunque no se atreve a acusarme formalmente". El tesorero municipal alegó que él es "el primer sorprendido" por el desfalco, pero también "el primer interesado" en que se aclare la supuesta irregularidad, "ya que yo di órdenes para que no hubiera ingresos en metálico en el Consistorio y alguien, que yo creía de confianza, me ha desobedecido".

García Urbano respondió que "cuando funcionarios externos a una unidad inician una auditoría, la prudencia aconseja que los responsables de esa unidad estén fuera". Fuentes municipales situaron en el anterior mandato el inicio del supuesto desfalco, que, según señalan, se ha prolongado hasta ahora. David Valadez, entonces alcalde, respondió que las últimas cuentas municipales que incumbieron a su gestión, las de 2011, se aprobaron con normalidad. "Si existe algún tipo de irregularidad se habrá tenido que producir con posterioridad", apuntó. Valadez recordó que cuando era regidor cesó a Domínguez-Pimienta como tesorero municipal, aunque una sentencia judicial le obligó a readmitirle en el cargo tiempo después. Domínguez-Pimienta alegó desconocer cuándo comenzaron las supuestas irregularidades, ya que afectan a una materia de la que se encargaba "mi jefa de negociado".