Tamara, de 34 años, trabajaba desde 2004 en una Oficina de Turismo en Manilva, donde había entrado por su experiencia y porque hablo inglés y francés. "Y no por que tuviera contactos familiares o enchufes", puntualiza. El miércoles recibió una carta del Ayuntamiento en la que le comunicaban que la despedían. Con su salario pagaba dos hipotecas y cubría el mantenimiento de su marido, en paro desde hace cuatro años, y de su hija pequeña.

Alejandro, también de 34 años, recibió la misma notificación. Durante los últimos seis años y medio ha venido cada día de Algeciras para ocuparse de los arreglos audiovisuales de la televisión y la radio municipales. Tamara y Alejandro son dos de los trece primeros trabajadores municipales que un Consistorio malagueño despide para cumplir los ajustes que el Gobierno central solicita a los ayuntamientos por el crédito con el que liquidar las deudas a los proveedores. Del Consistorio se han ido ocho y de la Corporación de radio y televisión municipales, cinco. Ambos desconfían de las "razones objetivas" que el equipo de gobierno, de IU, alega en los escritos para desprenderse de ellos. "Me aseguraron que habían luchado por mi puesto de trabajo y me reconocieron que era injusto que me fuera y que otras personas tenían que salir antes que yo", dice ella. "Yo creo que me han echado por no ser de aquí ni estar empadronado en el municipio. Sé de compañeros con menos antigüedad que yo que se quedan", añade él. Junto a Alejandro trabajaba J. L. S., que en pocos días cumplirá 52 años. Él también ha sido despedido. Varios concejales le explicaron que el ejecutivo local realizaría los despidos en función de unos criterios, como la antigüedad de los empleados o sus cargas familiares. También le aseguraron que los trabajadores damnificados tendrían la opción de reubicarse en otros departamentos. En la práctica considera que los despidos se han hecho "a dedo". Ahora confía en que algún edil o el director de la radiotelevisión le reciba para poder plantearle las preguntas que se formula desde el miércoles.

El presidente del Comité de Empresa y portavoz de UGT, Francisco Román, asegura que la regidora, Antonia Muñoz, pretende con los ceses "fulminar todo lo que huela a sindicato". De los ocho trabajadores despedidos del Consistorio, señala, cinco son afiliados a su sindicato, dos son familiares directos de delegados sindicales y el último es un ex delegado de CCOO. Y, según afirma, los despidos seguirán.

Román asegura que la alcaldesa les adelantó durante las negociaciones con los sindicatos que recurriría a la reforma laboral aprobada por el PP para desprenderse de trabajadores, "lo que contraviene las manifestaciones de cargos importantes de su partido, como Diego Valderas o José Antonio Castro". "Aquí hemos sido los pioneros en aplicar la normativa", añade.

Desde el Ayuntamiento se sostiene que la mayoría de los trabajadores despedidos del Consistorio ocupaban plazas con que no contaban con una dotación presupuestaria. Román señala que el equipo de gobierno, que gestiona un municipio de unos 13.000 habitantes, tiene 20 directores de área de los que cinco no tienen partidas presupuestarias.

El Ayuntamiento y el Comité de Empresa del Consistorio, integrado por UGT y CCOO, se reunirán en los próximos días para retomar las negociaciones con las que culminar los recortes del plan de ajuste, que supondrá un ahorro de unos dos millones de euros.