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Marbella lamenta al unísono el recurso contra las multas de Malaya

  • Gobierno y oposición critican que la Fiscalía apele la decisión del tribunal para que las multas se destinen a saldar la deuda del Ayuntamiento con la Seguridad Social y Hacienda

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha conseguido poner de acuerdo a todas las fuerzas políticas de Marbella. Gobierno y oposición coincidieron ayer en mostrarse disconformes con el recurso formulado por el Ministerio Público en contra del apartado de la sentencia que dispone que las multas impuestas a los condenados se utilicen para saldar las deudas contraídas por el Ayuntamiento con la Seguridad Social y Hacienda durante el gilismo.

El equipo de Gobierno de Marbella que preside la popular Ángeles Muñoz aplaudió la resolución del tribunal del caso Malaya, sobre todo por las dificultades que tiene el municipio para ingresar los 300 millones en indemnizaciones que se han contemplado en otras sentencias, fundamentalmente las dictadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional (casos Saqueo I y II). De hecho el Ayuntamiento ha creado un departamento específico dentro del área jurídica para gestionar el cobro de esas indemnizaciones. De los casi 300 millones el Ayuntamiento ha recuperado un par, aunque tiene la esperanza de duplicar esta cantidad este mes y de recuperar 100 millones a lo largo del año.

La condena del caso Malaya establece 580 millones en multas por delitos de corrupción político urbanística. El tribunal incluyó en la sentencia un acuerdo para que ese dinero se utilice en enjugar la deuda con Hacienda y la Seguridad Social que acumularon los sucesivos gobiernos del GIL. Sin embargo, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha incluido en su recurso este aspecto porque se desvía del camino que marca la ley para las multas.

Se da la circunstancia de que en el momento en el que se dictó sentencia el equipo de gobierno vendió como gran logro de este procedimiento el hecho de que la sala recomendara que las cuantías de las multas impuestas y los bienes incautados revirtieran a la ciudad. Desde la oposición y diferentes colectivos de la localidad se criticó el triunfalismo del gobierno al considerarse livianas las penas de cárcel impuestas a los condenados que supusieron una rebaja del 75 % respecto a las pretensiones iniciales de la Fiscalía.

Ayer la alcaldesa, Ángeles Muñoz, ante el recurso presentado por la fiscalía ante el Supremo posicionándose en contra de esta premisa, ya anunció que el Ayuntamiento "estudiará en profundidad" este escrito "e impugnará cualquier decisión que no suponga que los bienes incautados reviertan a Marbella".

Muñoz insistió en que el juez "entendió que lo que había ocurrido en Marbella era excepcional", motivo este por el que incluyó en la sentencia la devolución de lo incautado que se destinará "a hacer frente a las deudas heredadas". A pesar del posicionamiento de la fiscalía la alcaldesa lo dejó claro ayer: "para nosotros es una aspiración irrenunciable lograr la restitución de los bienes".

Desde el PSOE aprovecharon ayer para echar leña al fuego. El secretario general de los socialistas de Marbella, José Bernal, recordó que su partido "ya propuso al senado que todo el dinero que proviniera de multas y bienes incautados en diferentes casos de corrupción en Marbella se incluyera como partida extraordinaria en los presupuestos generales ya que también eran unos ingresos extraordinarios de manera que si el dinero tenía que ir a Hacienda se generara una partida específica para que esas cantidades volvieran a Marbella en forma de planes de empleo, de planes de inversión, de infraestructuras y de promoción de la ciudad".

Bernal recuerda que el PP "votó entonces en contra, por lo que ahora llevaremos la misma propuesta al Congreso de los Diputados y al parlamento Andaluz". A su juicio, "la fiscalía tiene que ajustarse a un cuerpo legal, pero el dinero podría volver a Marbella si el gobierno central tuviera voluntad política".

Mientras tanto, desde las filas de IU en Marbella, calificaron el recurso de la Fiscalía de "decepcionante" e incluso lo tildaron de "profundo fracaso del Estado de Derecho en su conjunto".

Según el edil de la coalición de izquierdas, Miguel Díaz, "si ya no se reaccionó a tiempo con toda la trama de corrupción que durante 15 años gobernó al Ayuntamiento sin que nadie hiciera nada, después se falló una sentencia que no es ejemplarizante y ahora la fiscalía se desmarca de una petición que es de justicia y sentido común".

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