Cuenta atrás para que el Consistorio recepcione el polígono de la Azucarera

Las zonas públicas del polígono industrial de la Azucarera, en Antequera, pasarán en los próximos meses a ser gestionadas por el Ayuntamiento. O esa es, al menos, la intención del equipo de gobierno, después de años de reivindicaciones por parte de los propietarios de esta zona industrial, que hasta ahora tenían que hacerse cargo ellos mismos de los gastos de mantenimiento del alumbrado público y el control del saneamiento.

Como paso previo, se ha efectuado un asfaltado de las calles que presentaban un peor estado por valor de 21.500 euros, de los que 13.500 euros han sido aportados por el Consistorio y el resto por los propietarios. No obstante, la ley no permite la recepción municipal si estos espacios no se encuentran en buen estado, según explicó el alcalde, Manuel Barón. Los trabajos se han llevado a cabo en una superficie total de 3.203 metros cuadrados, concretamente en las calles García Berdoy, Chimenea, Calera y San José. Con estas obras se pretende dar respuesta a "una petición histórica", según el regidor, encaminada a mejorar la actividad industrial y comercial de la Azucarera y facilitar el trabajo diario a las empresas que tienen allí sus instalaciones, especialmente las que reciben con más frecuencia mercancías a bordo de vehículos pesados.

El plan de actuación, una vez adecuados estos viales, es conseguir una escritura del polígono, ya que actualmente este documento no existe como tal, sino que la comunidad de propietarios posee un documento privado en el que la promotora le otorga la gestión de las zonas comunes. Ahora deberá ser un juez el que expida un documento público que luego derivaría en escritura, un proceso que se espera que pueda estar finalizado en un plazo menor a un año.

De culminarse finalmente trámite de la recepción, también se asumiría la gestión de la chimenea industrial del siglo XIX que domina el polígono, que pasaría a formar parte del patrimonio municipal antequerano. La torre sufre un importante estado de deterioro, que hace que incluso de forma periódica se produzcan desprendimientos, cuyas reparaciones también deben costear los empresarios de la zona. Tras la recepción, en cambio, sería el Ayuntamiento el encargado de sufragar su rehabilitación y conservación. En este sentido, Barón apuntó a la posibilidad de que la histórica infraestructura, utilizada en su época en la industria de la remolacha, se convierta en Bien de Interés Cultural, un nombramiento que tendrá que proponerse a la Junta de Andalucía y que garantizaría un régimen de protección.