El Ayuntamiento anunció ayer la incoación de un expediente de reintegro para reclamar a la asociación encargada de gestionar el comedor social de Benalmádena 262.000 euros, cuyo gasto, según el informe de fiscalización llevado a cabo por el área de Intervención, "no ha sido justificado en relación con las subvenciones otorgadas a la entidad para alimentar a familias desfavorecidas". Asimismo, el ente local aseguró que remitirá también al Tribunal de Cuentas las conclusiones del mencionado control financiero, las cuales revelan "que no ha quedado debidamente acreditado el destino final de los 262.000 euros". Adicionalmente, el Consistorio ya comunicó el pasado 14 de agosto su intención de de exigir "en caso de que las hubiera", responsabilidades en el ámbito judicial a quien corresponda.

La alcaldesa, Paloma García Gálvez, gestiona ya la firma de acuerdos con distintos colectivos benéficos para sustituir a la asociación Comedor Social como beneficiaria de las subvenciones, con tal de "atender a las familias en situación de vulnerabilidad y proveerlas de alimentos". Alguno de estos convenios "podrían suscribirse en los próximos días" para "prestar el servicio de manera inmediata". También recordó que el"único objeto" del proceso de fiscalización es "defender el dinero de los contribuyentes y proteger a los vecinos en situación de necesidad"

Por otra parte, la asociación, presidida por José Lara Cabello, notificó ayer que, "ante la campaña de injurias y calumnias llevada a cabo por diversos medios de comunicación", se había presentado ante el Juzgado de Guardia de Torremolinos la memoria económica de los ejercicios de 2011 a 2013, donde, especificó la entidad, se adjuntan los balances, las cuentas de pérdidas y ganancias y los libros de contabilidad de esos tres ejercicios. La organización aseveró, además, que dicha documentación "nunca fue solicitada por el interventor, el tesorero o los técnicos municipales de Economía y Hacienda".

Estos documentos se suman a la denuncia contra la alcaldesa y el interventor presentada por la entidad el pasado 13 de agosto, en la que se señalaba que el informe municipal aportaba "información injuriosa". "Nuestra asociación ha presentado datos económicos suficientes para que la justicia verifique, ya que vemos cómo se ha puesto en marcha una estrategia de acoso y derribo para darle el convenio a otras entidades", se declaró desde la dirección del colectivo.

El informe causante del conflicto, elaborado después de que la concejala Encarnación Cortés solicitase en Pleno el control financiero de la subvención otorgada al comedor -de 3.000 euros mensuales-, destaca, además, "el intenso arropo que recibe la asociación por parte de la Delegación de Bienestar Social -a cargo del concejal Francisco Salido-, siempre dirigida a la obtención de más fondos pero no a justificar aquellos recibidos".