Las asociaciones que representan a residentes extranjeros con viviendas irregulares en suelo no urbanizable no están dispuestas a prolongar la agonía hasta ver las primeras casas demolidas. Por ello, seguirán luchando en todos los estamentos de la administración hasta que sean oídos. Es el caso de Save Our Homes Axarquía (SOHA) y de la Asociación Abusos Urbanísticos Almanzora No (AUAN), de Almería, que han pedido una reunión urgente con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, para que se modifique el Código Penal y obtengan una compensación económica antes del derribo de una vivienda.

Según el portavoz de SOHA (Salvemos nuestras Casas), en la reunión quieren explicar al representante del Gobierno central lo que está pasando con los compradores de buena fe que adquirieron una vivienda en España. "Nuestro propósito es mostrar que el propietario de la vivienda podría pasar en un juicio de ser inocente a perjudicado ya que en caso de que hubiese condena, ésta recaería en el Ayuntamiento o el constructor, y la vivienda tendría que ser demolida. Por tanto, tendría que haber una indemnización previa por el daño patrimonial producido", explicó el portavoz de Soha, Mario Blanke.

Los residentes extranjeros ya tuvieron un compromiso previo del eurodiputado del PP Esteban González Pons durante la campaña electoral europea para estudiar esta modificación del Código Penal, aunque no han vuelto a tener respuesta. También esperan que concluya la tramitación de la modificación de la Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía (LOUA) que permitirá regularizar viviendas aisladas levantadas en parcelaciones pequeñas siempre y cuando no estén inmersas en un proceso judicial o administrativo ni se encuentren en suelos de especial protección.