Los ex ediles del GIL de Marbella Tomás Reñones, Alberto García Muñoz y José Luis Troyano ingresaron el miércoles sobre las 20:00 en la prisión de Alhaurín de la Torre de forma voluntaria para cumplir una pena de nueve meses de prisión por delito urbanístico por una de las causas incluidas en el pacto de conformidad alcanzado con la Fiscalía. Además, el ex concejal José Luis Fernández Garrosa entró en la cárcel hace unos días por no haber hecho frente a una multa económica impuesta en otra causa urbanística en la que se le ofreció la posibilidad de cambiar la pena de prisión por la citada multa.

El ingreso en la cárcel de los tres primeros se produjo tras recibir la sentencia firme que los condena por dar una licencia ilegal para construir 250 viviendas en suelo rústico a la empresa Albagamar II S. L. entre 1998 y 1999, según publicó ayer Sur. Fuentes del caso precisaron que, por el momento, la única condena incluida en el pacto con la Fiscalía que tienen los ediles de esta Corporación -entre 1999 y 2003- sería la referente a la citada licencia, ya que las anteriores "eran penas de multa o se permitía la sustitución de la condena".

Los tres ex concejales fueron penados con nueve meses de cárcel, que es la pena fijada para los miembros de la Corporación 1999-2003 en el acuerdo con la Fiscalía. En total e independientemente del número de causas que tengan pendientes, cumplirán 27 meses de prisión, el triple de la pena impuesta, ya que los delitos urbanísticos de los que están acusados y por los que tienen varios procedimientos abiertos se consideran conexos.

Una vez internos, y puesto que no tienen otra condena de cárcel ni cumplen prisión preventiva por otra causa, los ex concejales deben ser clasificados. Según fuentes de Instituciones Penitenciarias, la junta de tratamiento del centro debe hacer una propuesta para que resuelva la Dirección General, ya que se trata de la clasificación inicial. Los ex concejales pueden ser clasificados como presos de segundo grado, que es lo normal, o de tercer grado. Según las fuentes, habría que tener en cuenta aspectos como los antecedentes de cada uno, las causas pendientes o el arraigo social. La ley fija un plazo máximo de cuatro meses en total para cumplir todo el proceso, tanto la propuesta como la resolución final de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. La libertad condicional se concede tras cumplir dos tercios de la pena.

Está previsto que también ingresen en el centro penitenciario de Alhaurín de la Torre los ex concejales Dolores Zurdo y Francisco Javier Lendínez, también condenados en este caso junto al ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y los ex concejales Marisa Alcalá y Rafael Alcalá, que están en tercer grado, y Manuel Calle, en libertad condicional.