El alcalde de Mijas (PSOE), Antonio Sánchez, mantuvo ayer una mesa de trabajo con representantes del PP y el Grupo Mixto para proponer alternativas con respecto a las viviendas irregulares del municipio. Tras la elaboración de un informe por parte del Servicio Jurídico, el Ayuntamiento ha decidido suspender la aplicación de las multas coercitivas a los vecinos infractores y decretar la demolición, para lo que se dará un margen de tiempo lo más amplio posible.

Aunque aún "queda por afinar" dicho periodo, Sánchez adelantó que "dependerá del tipo de construcción", poniendo como ejemplo que si se trata de una casa ocupada, el derribo podría llevarse a cabo en cuestión de un año.