El presidente del edificio Banana Beach en Marbella, Francisco Bugallal, aseguró ayer que los vecinos de la urbanización ya han mostrado su "impotencia, congoja y desasosiego" ante la posibilidad de que esta promoción quede fuera del PGOU y que por parte de la Junta se inste a su demolición. Sin embargo, la alcaldesa, Ángeles Muñoz, mostró su compromiso para legalizar las 297 viviendas.

Ante esta situación, Bugallal aseguró que las familias afectadas no han tenido "culpa de nada". "A nosotros nadie nos advirtió de que estas viviendas fueran ilegales. No somos especuladores, queremos que todo se legalice porque pagamos nuestros impuestos y tenemos las escrituras y registros en orden", señaló. "Si una edificación no es legal, lo más normal hubiera sido que la Junta parara la obra cuando se inició".

El presidente de la comunidad, que lleva seis años viviendo allí, mostró su deseo de reunirse con la alcaldesa de Marbella para estudiar posibles movilizaciones. "Los vecinos quieren movilizarse, están indignados y revolucionados. Nos sentimos impotentes antes esta situación". Sobre la posibilidad del derribo, afirmó que sería necesario que la indemnización fuera suficiente, aunque "otros vecinos se niegan a irse de sus viviendas".

Por otra parte, el PSOE ha apoyado la iniciativa del equipo de gobierno del PP de incluir en el ordenamiento del municipio las tres promociones de viviendas habitadas. Según explicaron a Efe fuentes de los socialistas marbellíes, la formación es proclive a que "se legalicen las viviendas habitadas" siempre que se haga "con todas las garantías jurídicas" para lo que el Ayuntamiento "debe buscar el marco legal adecuado".

Las mismas fuentes han alertado en este sentido de que "no es cuestión de coger un plano, borrar y dibujar" sobre él, ya que el PGOU "se diseña bajo unos criterios legales determinados y concretos".

"El Ayuntamiento, después de dos años, tendría que haber previsto ya esos criterios a seguir para legalizar o cambiar" el texto que el equipo redactor del Plan le remitiese para su aprobación provisional definitiva.