La diputada provincial del Partido Popular y portavoz de esta formación en el Ayuntamiento de Cártama, Leonor García Agua, será juzgada mañana martes por dos presuntos delitos contra la ordenación del territorio por los que la Fiscalía le pide dos años de cárcel y otros 16 de inhabilitación. Los hechos que han originado este procedimiento judicial se remontan a junio de 2003, periodo en el que García Agua era alcaldesa de Cártama. Entonces, de acuerdo con el escrito provisional de acusación emitido por el Ministerio Fiscal, firmó dos decretos de segregación de fincas en suelos de protección especial por formar parte de los regadíos del Guadalhorce.

En el primer decreto expedía licencia municipal a una vecina del municipio para que segregara de una finca cinco parcelas de entre 2.5000 y 7.400 metros de superficie cada una. En el segundo autorizaba a la misma vecina a separar otros dos solares, de 5.000 metros cada uno, en esos mismos terrenos. El fiscal indica en el escrito de acusación que la finca está situada en tierras clasificadas como no urbanizables de protección especial compatible con paisaje agrario singular, por lo que tanto las normas subsidiarias que imperaban en 2003 como la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía que acababa de entrar en vigor entonces prohibían "cualquier parcelación urbanística".

Según la acusación, esta circunstancia "no podía ser ignorada por la acusada". Además, resalta que "prescindió absolutamente del procedimiento legalmente" establecido para la concesión de las licencias", ya que dio luz verde a ambas licencias sin contar con los informes técnicos y jurídicos preceptivos, una circunstancia que se recoge "expresamente en los decretos".

Tanto la ausencia como la necesidad de estos informes técnicos le fue advertida a la ex alcaldesa de Cártama en cada uno de los expedientes por el secretario del Ayuntamiento, de acuerdo con el escrito de acusación provisional. La Fiscalía entiende que estos hechos son constitutivos de dos delitos contra la ordenación del territorio y reclama por cada uno de estos hechos un año de cárcel y otros ocho años de inhabilitación para cargo público. Además, solicita que se determine la nulidad de las dos licencias de parcelación.

El juicio se celebrará mañana a mediodía en el Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga. El origen de esta causa reside en unas diligencias de investigación que abrió la Fiscalía en 2008 que dieron lugar a la interposición de una denuncia tramitada por el Juzgado de Instrucción número 11.