El proyecto urbanístico que se está realizando en la antigua granja-escuela de Coín, que había suscitado una investigación por parte del juzgado número 3 del municipio al tratarse, supuestamente, de una construcción irregular que se inició sin la correspondiente licencia municipal y sobre suelo rústico, ha recibido el respaldo de la Junta de Andalucía.

La Delegación Provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio ha emitido un informe técnico favorable sobre el proyecto de reforma y ampliación del complejo rural existente, al considerar que "se ajusta a la normativa urbanística" que rige el municipio. Ante este informe del ente autonómico, el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Coín, Andrés Mérida (PA), al que se le imputan los presuntos delitos de prevaricación por omisión y falsedad documental, afirmó que este documento demuestra que los trámites seguidos por el área de Urbanismo han sido "correctos" en todo este asunto.

"Indudablemente, nos podemos equivocar, nos equivocaremos, pero de lo que sí estamos seguros es de que hacemos las cosas dentro de la más absoluta legalidad", agregó Mérida.

El concejal de Urbanismo se mostró satisfecho por el informe de la Junta y adelantó que tras este paso ahora sólo queda pendiente que el Pleno municipal apruebe definitivamente el proyecto. Un trámite que se prevé que se realice en la próxima sesión plenaria que se celebre en el ayuntamiento.

Asimismo, el primer teniente alcalde espera que la actuación reciba el respaldo del resto de los grupos políticos de la corporación, al igual que ocurrió cuando se catalogó el proyecto de ampliación de la granja escuela, situada en la zona conocida como Cerrillo del Molinero, junto a la carretera de Guaro, como Bien de Interés Social.

También habrá que esperar para conocer la evolución judicial del caso, ya que según las diligencias que investiga el juzgado de Coín, además de la imputación de Mérida y del secretario municipal al que se le acusa de un supuesto delito de falsedad documental, al promotor se le imputan varios presuntos delitos, uno contra la ordenación del territorio por construir sobre suelo rústico sin licencia y por desobediencia al no haber acatado la supuesta orden de paralización que emitió el Ayuntamiento el 14 de mayo de 2009.