Hacienda dice que Olivo pagó 1,6 millones en sobornos por La Cañada

Técnicos de la Agencia Tributaria afirmaron ayer durante el juicio por el caso Malaya que el promotor Tomás Olivo pagó una comisión de 270 millones de pesetas (1,6 millones de euros) a Jesús Gil, su primer teniente de alcalde Pedro Román y al exasesor de Urbanismo de Marbella, Juan Antonio Roca, para que el Ayuntamiento le cediera la parcela de suelo rústico municipal en la que levantó el centro comercial La Cañada. A preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, los técnicos de Hacienda explicaron que este presumible soborno no se entregó directamente, sino que se hizo llegar simulando una operación inmobiliaria con los empresarios Carlos Sánchez y Andrés Liétor.

El 5 de mayo de 1994 el entonces primer teniente de alcalde de Marbella, Pedro Román, y Tomás Olivo, en nombre de la promotora Emasa, firmaron el convenio de cesión de suelo municipal. El acuerdo obligaba al empresario a realizar obras futuras para el municipio, que actualmente son objeto de otro procedimiento judicial. Lo que no se decía era el supuesto trasfondo de pagos ilegales que también implicaba. Al tiempo que sellaba el convenio, Olivo rubricó un derecho de compra de unos suelos en Murcia con Roadhouse, firma vinculada a los acusados Carlos Sánchez y Andrés Liétor. El dueño de La Cañada les entregó a cuenta 270 millones de euros, pero "dejó decaer" su derecho. En definitiva, la venta no se produjo, pero el dinero entregado tampoco se devolvió. De esa manera, según los técnicos de la Agencia Tributaria, se escondía un presumible cohecho a Jesús Gil, Pedro Román y Juan Antonio Roca relacionado con la operación de La Cañada.

Los expertos, que formaron parte del equipo de investigación del caso Malaya, afirmaron también que el rumbo que vivió gran parte de esos 270 millones de pesetas pudo ser establecido con meridiana claridad: de acuerdo con su versión, 20 millones de pesetas "se entregaron a Marbella Sierra Blanca", promotora vinculada al exteniente de alcalde Pedro Román. Un contable del Club Financiero, sociedad del exalcalde Jesús Gil, recibió otras tres entregas, y Roca cuatro.

En conjunto, según los testigos, se distribuyeron de esta manera 235 millones de pesetas, mientras que Roadhouse, o sea Carlos Sánchez y Andrés Liétor, se quedaron con "una comisión" de 30 millones de pesetas por su labor de mediación en el negocio. Los testigos agregaron que de la supuesta comisión obtenida por Roca, 48 millones fueron ingresados en cuentas de Óscar Benavente, presunto testaferro, y seguidamente pasaron a Spanish Learning Friends, sociedad de su entramado, como si se tratara de un préstamo de otra de sus empresas.

Los peritos de la Agencia Tributaria fueron especialmente rotundos al subrayar que la economía de Roca experimentó un fabuloso auge tras su llegada a Planeamiento 2000, la entidad municipal a la que Gil le encargó la revisión del plan general de ordenación urbana (PGOU). De acuerdo con el punto de vista que expresaron ayer, a partir del año 1993 "se produce un despegue" que sólo se puede justificar por ese control que presumiblemente ejercía sobre la política y el urbanismo de Marbella.

La confusión entre lo público y privado durante aquellos años era tal que Juan Antonio Roca llegó a "conveniar consigo mismo". Con esta expresiva frase, los técnicos de Hacienda aludían al peso que ejercía en el urbanismo municipal y a los acuerdos que el Ayuntamiento alcanzaba con las empresas tras las que se amparaba. De acuerdo con la Agencia Tributaria, esta situación era posible gracias al apoyo que le prestaba el gabinete jurídico Sánchez Zubizarreta-Soriano Zurita, que le ayudaba a "ocultar sus actividades con el Ayuntamiento" detrás de sociedades administradas por terceros y, en consecuencia, también a ocultar los beneficios .

Los técnicos de Hacienda, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, analizaron los papeles de Maras que, en su opinión, recogen la contabilidad real de Juan Antonio Roca. En este sentido, afirmaron que sus sociedades se nutrían de las aportaciones realizadas por los promotores que tenían intereses en el municipio dependientes de autorizaciones municipales, así como de los negocios en participación en los que Roca ponía a disposición de un grupo de empresarios de su confianza parcelas obtenidas generalmente de forma sospechosa y que, tras una discutible recalificación, le reportaban beneficios que iban más allá de su aportación inicial. Llegado este punto los testigos relataron cómo el grupo de empresas controlado por el exasesor de Urbanismo de Marbella logró hacerse con 11 parcelas y locales de propiedad municipal. Todo comenzó tras una sentencia que condenaba al Ayuntamiento a indemnizar con cerca de 6.000 millones de pesetas a la empresa Segema por lo que consideraba una rescisión inmotivada del contrato de recogida de los residuos sólidos del municipio.

Segema cedió la deuda a Inusa, sociedad de su grupo, que a su vez acordó con el GIL saldarla con la entrega 11 inmuebles municipales. Pero al tiempo, Inusa acordó una permuta con la sociedad Cortijos La Ventilla, de modo que al final "el patrimonio municipal recaló en las empresas de Roca". Algunas de estas fincas, a su vez, formaron parte promociones inmobiliarias del empresario granadino José Ávila Rojas en las que también participaba Roca.

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