El Ayuntamiento de Málaga, acostumbrado en las últimas décadas a saborear las mieles del dinero procedente de Europa, se topa ahora con el sabor amargo de la derrota. La concejala de Cultura, Gemma del Corral, confirmó ayer que la Unión Europea ha rechazado la solicitud municipal de disponer de 5 millones de euros de fondos comunitarios para impulsar la primera fase de la rehabilitación de la antigua cárcel de Cruz de Humilladero, cuantificada en 6,2 millones. El equipo de gobierno del PP pretende utilizar este espacio, cerrado como centro de tercer grado hace ahora siete años, para albergar un centro cultural y social. La intervención en su globalidad alcanza los 12 millones.

El varapalo sufrido obliga al Ejecutivo local a buscar fórmulas alternativas de financiación que, según la edil, pasarían por probar otros programas europeos. De facto, Del Corral deja clara la imposibilidad de que el Consistorio pueda afrontar una inversión de esta envergadura. "Ahora estamos estudiando otras posibilidades, si no buscaremos alternativas", dijo en el marco de una comparecencia solicitada por Málaga Ahora en la Comisión de Cultura. En la misma sí admitió que otras ciudades como Madrid y Barcelona sí han sido merecedoras de fondos.

La presentación formal de la solicitud por parte del Ayuntamiento fue acordada por la Junta de Gobierno local el pasado 16 de marzo, dando luz verde a la presentación ante Europa del proyecto Jailhouse. De la cuantía máxima solicitada, unos tres millones se destinaban a la rehabilitación y puesta en carga del 25% de la superficie de las antiguas instalaciones carcelarias. El resto, para dar contenido a la propuesta.

La intención del Consistorio pasaba por iniciar antes de finalizar el año esta obra, con un plazo estimado de tres años. El proyecto, objeto de un importante proceso de participación, incluía la creación de una especie de hostel aprovechando las antiguas celdas. Un elemento con el que financiar los costes de explotación de este espacio.

El vacío en el edificio, que cuenta con 14.000 metros cuadrados, se alarga desde que a mediados de 2009 dejaron de pasear por su patio los presos de tercer grado. Tras el cierre de las instalaciones y una larga reclamación, el Gobierno central se avino a entregar el edificio a la ciudad a mediados de 2012. Desde ese momento se suceden sin descanso las propuestas de uso, sin que ninguno haya cuajado hasta la fecha.