Llevaban podando un ficus situado a 20 centímetros del muro de su vivienda desde hacía unos 40 años y lo tenían asumido como una tarea más, pese a que, recalca Ernesto Díaz, el hermano de la denunciada, no les correspondía. En 2014 recibieron una notificación que cifraba en 3.855,44 euros la cantidad que la propietaria de la casa y el jardinero al que ésta había encargado los trabajos debían pagar al Ayuntamiento tras haber sido multados por el Grupo de Medio Ambiente de la Policía Local. Desde entonces, mantienen una batalla con el Consistorio para eludir el pago de una deuda que consideran excesiva y que ha supuesto el embargo de una cuenta bancaria a la nieta de los dueños del inmueble, que fallecieron hace unos años.

El expediente sancionador, al que ha tenido acceso este periódico, recoge que fue el 25 de septiembre de 2013 cuando, a la altura del número 66 de calle Guadalquivirejo, en la barriada de El Tarajal, una persona fue sorprendida podando dos pinos con una motosierra, a los que, según el escrito, había desbrozado varias ramas bajas, en una parcela situada a la espalda de una vivienda. También se había procedido a cortar una palmera afectada por picudo rojo que se encontraba en el interior. Los efectivos observaron además la tala de un ficus elástica, de 1,60 centímetros de perímetro. El jardinero, identificado como el responsable de esta poda, explicó que había sido contratado para hacer la tarea.

Los hechos constituyeron una presunta infracción de la ordenanza de promoción y conservación de zonas verdes, que establece, entre otros, que el arbolado "será podado adecuadamente en la medida que sea necesario para mantener su vigor, contrarrestar el ataque de enfermedades o cuando exista peligro de caída de ramas". Unas tareas que se harán "bajo la supervisión del técnico competente". Para la supresión "de más del 50% de la copa del árbol o cortar ramas de más de 25 centímetros de diámetro será necesario el informe técnico de Parques y Jardines".

El hermano de la denunciada, que reconoce que no tenían los permisos pertinentes, afirma que, tras conocer la sanción, presentaron el informe de un arquitecto que acreditaba que el árbol "era dañino y podía levantar la solería nueva" de la casa. Asimismo, interpusieron un recurso de revisión, que el jefe del servicio de Parques y Jardines desestimó. Según su versión, se ofrecieron a pagar la licencia por la poda del ficus, un total de 300 euros, pero el expediente siguió su curso. Un año después, acudieron a la Junta de Andalucía para exponerle que el ficus estaba causándole grietas a la vivienda -en la que no reside nadie- como recogía el escrito con la valoración de un perito de la aseguradora del inmueble. Desde la administración andaluza ordenaron hace unos meses a una empresa que limpiara el cauce del arroyo próximo. La máquina "hizo añicos la parte del ficus" que se encuentra en dicha zona. "No entendemos por qué el Ayuntamiento nos sigue pidiendo casi 4.000 euros", aseveró el portavoz de la familia.

El director del servicio de Parques y Jardines, Javier Gutiérrez del Álamo, argumentó que los funcionarios han sido "estrictos en el cumplimiento de la ley" y que la sanción responde a la "tala excesiva de un árbol". Pese a ello, recalcó, a la denunciada se le ofreció acogerse a la "reposición del valor de la plantación eliminada", a lo que, apostilló, se negó. De ahí que el caso se trasladara a Gestrisam. La familia defiende que no fue talado y que, de hecho, sigue originándole daños. La alternativa pasaba por reponer la cantidad en árboles, que debían llevar al vivero municipal. O bien, plantar ejemplares en su parcela "equivalentes al valor de la sanción". La ordenanza busca "conservar el arbolado". El Ayuntamiento, remachó Gutiérrez del Álamo, solo puede destinar el dinero de esa reposición a "regeneración vegetal".