El colectivo de monitoras de educación especial subcontratadas por empresas para trabajar en colegios e institutos están de enhorabuena. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en Málaga acaba de dictar una sentencia en la que declara la existencia de cesión ilegal para una trabajadora que, realizando las mismas funciones, con idéntico horario, con el mismo material y uniforme que su compañera que es personal laboral de la Junta de Andalucía, cobraba la mitad que ésta. Aunque hasta el momento todos los fallos eran desestimatorios, el pronunciamiento de la sala en pleno abre una puerta para regularizar la situación de estas profesionales, en su mayoría mujeres, que luchan desde hace años por estar integradas en la relación de puestos de trabajo de la Consejería. El fallo de la sentencia condena a Educación a readmitirla como indefinida continua con la categoría profesional de personal técnico de integración.

"En el mes de enero de 2016 la Inspección de Trabajo de Málaga ya declaró la existencia de cesión ilegal, dijo que la auténtica empresa, la empleadora era la Junta de Andalucía, que los equipos directivos mandaban, que establecían el horario, que el material lo facilitaba la Junta, que las ausencias eran avisadas al director, la empresa estaba desaparecida, no tenían ningún control del personal", explica la abogada María José Pardo. Pero, como relata, "cuando se dicta ese informe ya teníamos sentencias de los juzgados de Málaga que no había cesión ilegal". Tampoco el TSJA consideró esta cesión ilegal y empezaron los recursos de todas las sentencias.

"El caso concreto de esta monitora era de libro", comenta la abogada. "El suyo es un colegio con dos monitoras, una personal de la Junta y otra de una empresa contratista, realizando exactamente la misma labor por la mitad de sueldo", agrega Pardo. También señala la abogada que, en el caso de su cliente y las otra siete a las que representa, al igual que todo el colectivo, no conocían a nadie de la empresa que las contrataba tras ganar el concurso. "Recibían las nóminas en su casa, los contratos ni siquiera los suscribían, ni lo firmaban", dice María José Pardo. "De hecho la sentencia hace referencia a que no está documentada la relación laboral, no hay contrato firmado suscrito con la trabajadora, la daban de alta y de baja, era una situación de absoluto abandono", añade.

De esta forma, sostiene la letrada, "la sala de Málaga, con un criterio más jurídico que otra cosa, dijo que querían convocar a todos los magistrados de la sala y en la sentencia están los cinco y concluye que sí hay cesión ilegal. Reconocen que han cambiado el criterio tras hacer un estudio más minucioso de la situación".

Otro de los detalles que se reflejan en la sentencia es que el equipo directivo pedía dotación de ropa de trabajo para dos monitoras, cuando una no era empleada de la Junta, y se la daban. "Ha estado en las mismas condiciones que su compañera, trabajadora de la Junta, salvo que cobrando la mitad", reitera Pardo. "Es una forma de precarizar la relación laboral, era un disparate", subraya y estima que "es una sentencia muy justa".

La abogada cree que la Junta presentará un recurso ante la condena, que la obliga a readmitirla como indefinida, pero estima que "lo importante de esto es que es de una sala de un Tribunal Superior, son todos los magistrados, los jefes para los juzgados de la Instancia de lo Social y de alguna manera levanta el velo, se ve con claridad lo que ha ocurrido". Para María José Pardo "yo creo que la sentencia va a ser una brecha para que la Junta coja este problema que hay y ponga una solución, que tiene que pasar por integrar a estas personas como trabajadoras de la Junta, aplicarles el convenio correcto y respetar los derechos y no tenerlas en esa situación tan precaria".

Igualmente destaca que era una situación "muy injusta" mantenida durante años. Estas trabajadoras, como apunta, "tienen relaciones laborales de contrato para obra o servicio determinado de 10, 12, 8 años, un disparate, la condena no podía ser otra que la que han dictado, que se declare como personal de la Junta con todas las consecuencias que conlleva y la Consejería tendrá que dar una solución".