La situación de bloqueo en la que se mantiene la obra del Metro desde hace unos tres años en el entorno de El Corte Inglés empieza a tener las primeras consecuencias. A la espera de que la Junta de Andalucía sea capaz de resolver el contrato con la adjudicataria original, Grupo Ortiz para, acto seguido, sacar a concurso los trabajos pendientes finalizar, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha decidido tomar cartas en el asunto. Por medio de una misiva remitida el pasado lunes al consejero de Fomento, Felipe López, el mandatario local le reclama que se continúen "con las tareas de limpieza y mantenimiento" del tramo Renfe-Guadalmedina.

En un escuetísimo escrito, de apenas dos párrafos, De la Torre le llega a enviar copia de una carta de una asociación nacional de agencias de viajes como ejemplo "de las continuas quejas que se están recibiendo en este Ayuntamiento por parte tanto de comerciantes como de vecinos de la zona, poniendo de manifiesto los problemas de limpieza y falta de mantenimiento que afectan a la misma". Para hacer hincapié en ello, la carta adjunta un dossier de fotos.

La demanda del regidor se produce eso sí en pleno conflicto por la negativa municipal a permitir a la Junta la prolongación en superficie del Metro hasta el entorno del Hospital Civil. De hecho, en los cerca de tres años en los que la paralización de las tareas del ferrocarril urbano en este punto es palmaria, no se le recuerda a De la Torre un movimiento como el adoptado ahora. Otro detalle a señalar es que el discurso crítico con el estado de esta parte de la ciudad arrancó justamente pocos días después de que desde la Administración autonómica se le pidiese un pronunciamiento claro sobre la posibilidad o no de ejecutar el ramal al Civil.

Sea como fuere, la advertencia pone sobre la mesa la dificultad mayúscula a la que aún hoy se enfrenta Fomento para terminar esta parte del trazado del Metro. Desde que arrancaron los primeros trabajos en Callejones del Perchel, con los necesarios desvíos de servicios afectados, pasan ya siete años, sin que esté cerrado aún un calendario cierto para la terminación del tajo.

Solo tomando como referencia el documento que regirá la terminación de la infraestructura (muros pantalla, excavación del doble túnel, la construcción de la estación Guadalmedina) y la urbanización en superficie, serán necesarios unos 22 meses (plazo que bajará en las ofertas de las empresas interesadas). Un plazo que sumado a los 84 meses que ya se acumulan en el calendario daría un resultado de 106 meses.

Desde el arranque de los trabajos previos se cuenta al menos tres o cuatro parones de consideración en el tramo. Uno de ellos en 2011 por los problemas económicos que arrastraba la Junta, lo que le obligó a "replantear" los trabajos. Ya en 2012, con la nueva consejera Elena Cortés al cargo, se lograron los fondos necesarios para reactivar la obra tras dos meses de inactividad. Y más recientemente, en el verano de 2015, de nuevo el desacuerdo entre Ortiz y la Junta por los costes de la actuación provocaron la detención de las tareas de ejecución que hoy se mantiene.

Pero para que Fomento pueda sacar a concurso la terminación del tajo, antes ha de culminar el prolijo procedimiento administrativo que requiere para resolver el contrato con Ortiz. Aunque inicialmente el titular del ramo confió en poder hacerlo a mediados del año pasado, la realidad es que aun no dispone de todos los parabienes necesarios. Entre ellos el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, al que aún no se le ha enviado la información necesaria para su pronunciamiento, y finalmente un nuevo aval del Consejo de Gobierno andaluz.

Será en ese momento cuando podrá abrirse la puerta a una nueva adjudicación, que en el mejor de los casos no tendrá lugar antes del próximo verano o el último trimestre del año. Esta circunstancia forzó semanas atrás al consejero del ramo a admitir la evidencia de que el tramo vuelve a retrasarse, impidiendo la llegada de los trenes hasta la Alameda Principal en el verano de 2018, como inicialmente se comprometió.