La pesada burocracia administrativa y el silencio alargado de la propiedad del Málaga CF mantienen en suspenso el avance futuro de la bautizada como Academia, ciudad deportiva con la que el club de Martiricos quiere potenciar sus estructuras de base. A la espera de que los hitos urbanísticos se cumplan, para lo que aún parecen restar algunos meses, sí queda claro que el Ayuntamiento hace sus deberes. Muestra de ello es que desde que el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de la ciudad entrase en vigor a finales de agosto, dibujando los 522.000 metros cuadrados de Arraijanal como zona verde, ya ha adquirido algo más del 70% de los suelos, buena parte de los cuales están pensados para acoger las instalaciones deportivas.

Una operación que, en cualquier caso, tiene una traducción más que onerosa en el patrimonio municipal y que no se vería afectado de no haber sido impuesta por parte de la Junta de Andalucía la exigencia de que esta parcela, una de las pocas del litoral malagueño aún huérfanas del efecto del ladrillo, acoja un parque metropolitano. Cabe recordar que el modelo por el que apostó el equipo de gobierno del PP permitía el uso hotelero del espacio.

Los datos manejados por los técnicos de la Gerencia de Urbanismo concluyen que la compra de este espacio a los otrora propietarios privados se traduce ya, por unos 370.000 metros cuadrados, en 49,9 millones de euros. A razón de 135 euros el metro cuadrado. De extender este mismo valor a la totalidad del terreno, la imputación económica de su adquisición se elevaría a algo más de 70 millones de euros.

Y, como consecuencia, se deduce que los poco más de 100.000 metros cuadrados fijados para el asentamiento de los campos de fútbol del Málaga cuestan a la urbe del orden de 14 millones de euros. Una apuesta que, por lo expresado estos días por el alcalde, Francisco de la Torre, se pretende no cueste un solo euro al club de Martiricos. El regidor, al albur de la polémica suscitada por las críticas de los responsables de la entidad deportiva, aseguró que la intención municipal pasa por ceder ese terreno al Málaga para que ejecute su ciudad deportiva sin que se le cobre un canon por ocupar la parcela durante varias décadas.

Pero, ¿es con dinero con lo que paga el Ayuntamiento a los dueños del terreno? No. La enajenación se realiza mediante la asignación de aprovechamientos a estos mismos propietarios, mediante los que poder construir viviendas en otros puntos de la capital. Y he aquí el motivo de que las conversaciones entre las dos partes implicadas se haya demorado durante meses. Porque los damnificados por la clasificación del suelo de Arraijanal como sistema general para la construcción de un parque metropolitano no estaban muy por la labor de ser compensados con los terrenos para vivienda de protección oficial en el entorno de Campanillas y Puerto de la Torre, como pretendía el Consistorio.

Al objeto de allanar el camino, Urbanismo aceptó poner sobre la mesa parte de los suelos de titularidad municipal o aquellos que le corresponden conforme al nuevo planeamiento. Y ello es justamente lo que ha posibilitado cerrar los acuerdos con dos de los propietarios del sector: Vallehermoso, al que 'compró' en noviembre de 2011 las fincas que eran de su propiedad, equivalentes al 60% de todo Arraijanal, y, más recientemente, Progofer, que tenía en sus manos un 11%, aproximadamente. Le quedan a los responsables municipales avanzar en la enajenación del resto de la finca a través del mismo modus operandi.

En el primero de los casos, los aprovechamientos entregados le permiten a Vallehermoso edificar cerca de un millar de viviendas, algo más de la mitad de las cuales serán de protección oficial. El reparto de las compensaciones se distribuye en tres zonas: Bizcochero Capitán, en las cercanías del campus de Teatinos, donde podrá ejecutar 280 VPO; Hacienda Cabello, para el desarrollo de 470 pisos de renta libre, y La Térmica, donde dispondrá de toda la promoción de VPO contemplada, de 273 viviendas. En el supuesto de Progofer, la compensación se materializa con 7.000 metros de techo en Torre del Río, en el paseo marítimo de poniente, lo que permite edificar unas 80 viviendas de renta libre.

A cambio de entregarle a los privados los suelos deseados, el Ayuntamiento tiene derecho, a su vez, a un aprovechamiento urbanístico que se materializa en suelo para VPO, en concreto en los terrenos desechados por los privados. En el caso concreto de Vallehermoso, la ciudad dispondrá de derechos para construir unas 2.800 viviendas en Vega de San Ginés y Lagar de Oliveros. Un negocio que pudiera ser beneficioso en otra época, pero no en la actual, cuando se prevé la anulación de las ayudas a la construcción de pisos sociales por parte del Gobierno central. Algo que, se antoja, frenará y mucho la promoción de este tipo de promociones residenciales.