Un día como hoy de hace dos años saltaba a los medios de comunicación una escalofriante noticia que conmocionó a parte de la sociedad por lo macabro de sus detalles y que aún hoy en día sigue coleando a la espera de que un juez determine lo que verdaderamente ocurría tras las paredes del centro Parque Animal de Torremolinos. La detención de la presidenta de la Asociación para la Protección y Defensa de los Animales, Carmen Marín, y dos de sus empleados destapó la caja de Pandora de lo que se convertiría en un escándalo por el presunto sacrificio masivo que se practicaba en la protectora que tenía una concesión del Ayuntamiento de Torremolinos desde 2001 para prestar el servicio de recogida y atención de los perros y gatos abandonados en el municipio.

Nada hacía presagiar en un primer momento que tras ese arresto saldría a la luz el modus operandi que presuntamente la directora de Parque Animal practicaba a la hora de sacrificar a los animales que recogía. El espeluznante relato de un veterinario que estuvo trabajando en el centro fue el germen de la llamada operación Óbito que llevó a cabo el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y que destapó las supuestas irregularidades cometidas por los arrestados, al menos, desde 2008.

La investigación iniciada entonces reveló que tanto la directora del centro como el encargado sacrificaban presuntamente a los animales que recibían "de forma continuada, masiva, deliberada e injustificada". Unos 2.865 son los perros y gatos que la Guardia Civil pudieron demostrar que murieron tras inyectarle una cantidad insuficiente de un producto eutanásico llamado Dolethal para supuestamente ahorrar costes y sin ningún tipo de control veterinario, pese a que la legislación vigente establece que sólo podrá realizarlo un profesional autorizado, en casos excepcionales y siempre que el animal esté sedado o con anestesia general para que no sufra.

No ocurría así, según la investigación del Seprona y los testimonios de algunos veterinarios, porque la necropsia practicada a algunos de los animales concluyó que llegaban a agonizar durante más de media hora en algunos casos y que muchos eran guardados en congeladores cuando aún estaban vivos, algo que pudieron constatar los agentes en una inspección que efectuaron por sorpresa al centro y en la que encontraron varias decenas de perros y gatos metidos en congeladores cuando todavía no presentaban el rigor mortis. Lo que más conmoción generó entre la sociedad fue que muchos de estos animales habían sido entregados de forma temporal al centro y sus propietarios creían que estaban en manos de familias de acogida. En otros casos, los perros eran sacrificados antes incluso del plazo de diez días fijado por la ley para dar en adopción a los que ingresan por abandono.

Para poder justificar el masivo sacrificio, la directora del centro llegó supuestamente a falsificar la firma de veterinarios haciendo un uso fraudulento del número de colegiado y del sello oficial en los listados de animales sacrificados e incinerados que remitía al Ayuntamiento de Torremolinos y por los que cobraba por los gastos ocasionados. Pero además, el Seprona descubrió que el centro Parque Animal presuntamente cobraba de forma sistemática 60 euros en concepto de tasas de mantenimiento a las personas que entregaban un animal, algo no permitido para las asociaciones consideradas sin ánimo de lucro.

Todos esos ingresos que presuntamente recibía, unidos a las herencias de algunas personas y los donativos de otros que voluntariamente quería ayudar a la asociación protectora, hicieron que la recogida de animales se convirtieran en un negocio redondo, según los informes realizados por la Guardia Civil. Viajes al extranjero, hospedaje en hoteles en parte de España, gimnasios, centros comerciales, restaurantes, clases de autoescuela, coches y tratamientos de spa. De todo eso estuvieron disfrutando supuestamente durante años la presidenta de Parque Animal de Torremolinos y su entorno familiar. Unos 375.831,08 euros procedentes de las cuentas bancarias de la protectora de animales es la cantidad que los investigadores estiman que se podrían haber gastado entre 2008 y 2010 en compras que nada tenían que ver con la actividad del colectivo constituido sin ánimo de lucro.

El juzgado de instrucción número 5 de Torremolinos llegó a abrir una pieza separada para investigar la posible desviación de dinero obtenido supuestamente de forma ilícita al amparo de la actividad desarrollada por Parque Animal. Además, el auto por el que da por concluida la fase de investigación inicial considera que hay indicios para imputar tanto a la responsable del centro como al encargado los presuntos delitos maltrato animal continuado e intrusismo profesional. Sin embargo, ha ordenado el sobreseimiento provisional y archivo de los delitos de falsedad documental y denuncia falsa de los que también fueron acusados en un principio otros dos empleados.

A todo ello se une la larga lista de infracciones que supuestamente la directora de Parque Animal cometió como no cumplir con las medidas exigidas de higiene y sanitarias en el centro y que le valieron el pago de una multa de 15.000 euros y el cierre temporal de las instalaciones durante seis meses. Pero no fue hasta el pasado mes de febrero cuando el Ayuntamiento le quitó la concesión a la asociación de Carmen Marín para otorgársela durante los próximos ocho años a otra, llamada Canes, sin concurso público y sólo unas semanas después de que se constituyera como protectora.

La investigación sigue abierta dos años después de que estallara este escándalo que aún podría dar mucho más que hablar.

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