El interventor del Ayuntamiento de Málaga concluye, en un informe emitido el pasado 24 de junio, que "la obligación de indemnizar" en el supuesto de que fuese resuelto el convenio urbanístico para la construcción el hotel sería de la promotora del proyecto "por su incumplimiento", despejando cualquier duda sobre una posible responsabilidad del Consistorio. La posición adoptada por el alto funcionario está, sin embargo, condicionada al incumplimiento del acuerdo por la parte privada, extremo que aún no se da.

¿Por qué? Porque el pago de la deuda acumulada, que supera los 6 millones de euros, se encuentra ahora inmerso en un aplazamiento otorgado por Gestrisam y que vence el próximo 1 de diciembre. Por tanto, podría entenderse que la resolución del acuerdo urbanístico estaría sujeto a lo planteado por el interventor en el supuesto de que la empresa siga sin abonar las cantidades exigidas en la fecha planteada.

Incluso, el informe incide en que si existe un incumplimiento del promotor "y el crédito de la cantidad sustitutoria es incobrable, dando lugar a la resolución del convenio, será el Ayuntamiento quien podrá exigir el resarcimiento de daños". "Sólo si modifica el planeamiento antes de que el crédito resulte incobrable cabría analizar la viabilidad de una indemnización a cargo del Ayuntamiento".

No es el único informe emitido en los últimos meses en relación a las posibles consecuencias de la anulación del convenio urbanístico con Braser. Otro de ellos, de 5 de octubre del año pasado, elaborado por la Asesoría Jurídica de Urbanismo, incide en que desde el Ayuntamiento no se podría pedir la resolución de este acuerdo por incumplimiento "hasta que se acredite que el cumplimiento resulta imposible". Al tiempo, advierte el informe de que incluso llegado al caso de la anulación del convenio, ello "no implicaría necesariamente la modificación automática del planeamiento urbanístico de la zona, ni por tanto, 'salvar La Mundial y el Pasillo de Atocha'". Sí quedaría abierta la posibilidad de modificar el sistema de actuación sobre el sector, retornando al primitivo de la expropiación, "lo que daría lugar a un justiprecio muy elevado y excesivamente oneroso para el municipio". A lo que sumar un posible expediente de responsabilidad patrimonial.

Pero, en este punto, ¿cuál sería el hipotético quebranto económico en el supuesto de que el Consistorio incumpliese el convenio? A esta pregunta responde un informe de 6 de junio pasado elaborado por la jefa del Departamento de Actuaciones Urbanísticas. En el mismo se estima "el quebranto" a 17.711.982,73 euros, de los cuales 9,5 millones serían de indemnización por los aprovechamientos privados; 2,5 millones por los costes de urbanización del sector y 829.000 euros por la rehabilitación de La Mundial. A esta suma habría que incluir, apunta la jefa de departamento, "las indemnizaciones al promotor previstas".