El presidente de la constructora malagueña Sando, José Luis Sánchez Domínguez, declaró ayer ante la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Málaga no saber nada de las dos obras ejecutadas por la firma en el puerto de la capital de la Costa del Sol que son objeto de una investigación judicial por presuntas irregularidades en su desarrollo: el atraque sur de la estación de cruceros y el muelle 9.

De acuerdo con las explicaciones aportadas por el abogado del promotor a la salida del juzgado, Sánchez Domínguez se limitó a afirmar ante la juez su ignorancia sobre la ejecución de estos proyectos, aludiendo a que se trata de asuntos que llevan los técnicos de la empresa. "Él es presidente del consejo de administración de la empresa; las obras las llevan los técnicos", señaló el letrado, que hizo hincapié en que se haya llamado a declarar en calidad de imputado a su defendido y no al presidente del consejo de administración de la firma Dragados.

Esta constructora está igualmente implicada en este caso, toda vez que recibió la adjudicación del muelle de contenedores en una alianza empresarial con Sando, si bien siendo el actor principal en esta Unión Temporal de Empresas (UTE).

Conforme a las explicaciones de su abogado, el empresario salió del juzgado, donde prestó declaración durante unos 20 minutos, sin que pese sobre él ninguna imputación por delitos concretos. La defensa, además, aludió a que todos los informes periciales practicados hasta el momento por el juzgado incluyen informaciones "parciales", teniendo que ser complementados con otros datos.

"Hay que hacer algunas aclaraciones porque se han hecho con información parcial; todavía hay que contrastar, porque solamente se ha certificado la del juzgado y la que había con anterioridad a que hayan prestado declaración los técnicos", insistió la representación legal del presidente de Sando. De acuerdo con sus explicaciones, al máximo responsable de la constructora sólo se le preguntó sobre los trabajos de ejecución del atraque sur del puerto, al ser la única de la que es responsable en solitario, dado que en la obra del muelle 9 participó en alianza con Dragados. Precisamente, ayer, junto a Sánchez Domínguez estaba llamado a declarar como imputado Daniel Paunero Alonso, directivo de Dragados, si bien éste no acudió, al parecer, por encontrarse de viaje.

La posición oficial de Sando ante las supuestas irregularidades cometidas en estos dos proyectos elude cualquier responsabilidad en estos hechos. Según la versión remitida a este periódico por la empresa y publicada el pasado domingo, Sando niega "cualquier irregularidad" en las obras e informa de haber entregado ante el juzgado de Instrucción responsable del caso "todas las pruebas pertinentes". Entre ellas, cita pruebas "documentales, periciales y fotográficas que demuestran su correcta actuación" en los trabajos realizados en el recinto portuario.

En el caso del atraque sur, Sando sostiene que la infraestructura "está ejecutada conforme a proyecto, sin ningún déficit estructural". Si bien señaló haber ejecutado "obras adicionales" que fueron solicitadas por el Puerto, "que son comprobables". "La liquidación de la obra la llevó a cabo el Puerto, dejando sin abonar a Sando parte de las obras realizadas, que posteriormente fueron reclamadas", añade el escrito.

Los datos manejados por la Autoridad Portuaria apuntan a que la afección económica en esta intervención puede ascender a 1,6 millones de euros, desfase entre lo que se adjudicó y la obra finalmente realizada en el atraque sur, donde se detectaron un menor número de pilotes y de menores dimensiones de los que contratados.

En cuanto a las supuestas anomalías en el muelle de contenedores, en la que Sando tiene una participación minoritaria en comparación con Dragados, al firma malagueña elude cualquier responsabilidad sobre las presuntas irregularidades en el empleo de escombros para realizar el relleno del muelle, alegando que se trata de una acción que "no formaban parte del contrato de la UTE, por lo que estos rellenos no fueron ejecutados por la empresa". En esta infraestructura, la posible afección sobre las arcas de la Autoridad Portuaria se eleva a 3,7 millones de euros.