El restaurante Casa Pedro no abrirá hoy al público. Ni nunca. El Juzgado de lo Mercantil de Málaga ha acordado la liquidación de la sociedad y la resolución de los contratos de los 22 trabajadores del establecimiento que funcionaba ininterrumpidamente en la playa de El Palo desde 1928. La empresa ha acumulado un pasivo de un millón de euros, del que el 70% corresponden a deudas con la Seguridad Social.

Desde que se presentara el concurso de acreedores en diciembre de 2006 la sociedad ha tratado de sacar adelante un acuerdo que garantizara la solvencia del negocio pero que no ha sido posible por la negativa de la Seguridad Social a aceptar el convenio que se le había propuesto. Concepción Zafra, hija del actual dueño del restaurante, explicó ayer que se había planteado una quita del 30% y un aplazamiento de tres años de la deuda, pero la Seguridad Social lo rechazó.

El titular del Juzgado de lo Mercantil de Málaga, Enrique Sanjuán, acordó la liquidación de la sociedad en noviembre del año pasado, sin embargo el establecimiento había permanecido abierto a la espera de que el magistrado determinara la rescisión de los contratos laborales, hecho que finalmente se produjo el pasado miércoles.

De esta forma, los 22 trabajadores de Casa Pedro, entre ellos Pedro Zafra hijo del propietario, no volverán hoy al restaurante que desde el pasado mes de diciembre abría sólo los viernes, sábados y domingos para afrontar la caída de las ventas y ahorrar costes. De estos empleados, 17 tienen una antigüedad superior a los 25 en el restaurante y la edad media global se sitúa entre los 50 y 56 años.

La crisis de Casa Pedro comenzó en 1992. El antiguo establecimiento que había fundado el abuelo de la familia sobre la arena de las playas de El Palo fue sacrificado para que pudiera hacerse el paseo marítimo.

La familia alcanzó un acuerdo con la Dirección de Costas para levantar un nuevo establecimiento en una parcela próxima, propiedad en parte de la autoridad costera. La Administración le cedió el suelo, con el compromiso de que una vez que se acometiera el deslinde de la zona marítimo terrestre el restaurante quedaría fuera de este espacio y se le podría ceder la finca a un precio simbólico. A cambio, Casa Pedro debía construir el local y mantener a su plantilla, conformada entonces por 33 empleados.

Casi nada sucedió conforme a lo previsto. El deslinde marítimo terrestre todavía no está resuelto y, por tanto, la cesión del suelo nunca se pudo formalizar. Al tiempo, la empresa invirtió 150 millones de la época en levantar el local "que se financiaron a intereses altísimos", recuerda Concepción Zafra, porque al no disponer de la titularidad del suelo Casa Pedro carecía de patrimonio capaz de responder ante los bancos cuando iban a pedir financiación.

Por esta razón la inversión se tuvo que afrontar con préstamos a corto plazo a intereses que oscilaban entre el 15 y 16% y como rara vez se amortizaban en plazo "entraban en mora y el interés se elevaba hasta el 27 y 29%, de modo que finalmente se acabaron desembolsando cerca de 300 millones de euros.

A partir de ese momento la salud financiera de Casa Pedro empezó a hacer aguas. A las dificultades financieras de la sociedad se sumó la crisis económica de 1993 que tuvieron que afrontar "con una plantilla excesiva para el volumen de negocio de aquellas fechas". A estas dificultades se agregaban otros problemas relacionados con la falta de infraestructuras puesto que se había edificado un comedor con capacidad para albergar 600 comensales en una zona "en la que después ni Costas ni el Ayuntamiento planificaron plazas de aparcamiento". Este fue el escenario en el que la empresa empezó a dejar de pagar la Seguridad Social y se empezó a hacer la bola que finalmente le ha costado la vida.

Por el momento queda por resolver cómo será el proceso de liquidación. Lo habitual es que se trate de vender la empresa en su conjunto como un todo, de modo que pueda mantenerse el negocio. Esta opción cuenta con la dificultad de que los terrenos sobre los que se asienta el restaurante no son titularidad de la empresa al estar aún en el limbo jurídico por lo que requeriría una aceptación previa de Costas. La segunda opción es vender el patrimonio a trozos.