El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria va a iniciar acciones judiciales contra el dictamen de la comisión especial de académicos que determina el coste de expropiación forzosa de los terrenos de la Cueva del Tesoro. Los tres miembros encargados de determinar este justiprecio lo han fijado en cinco millones de euros mientras que los técnicos municipales establecieron que los suelos de El Cantal están valorados en 90.000 euros. Esa diferencia es la que ha llevado al equipo de gobierno, respaldada por todos los grupos de la oposición en Pleno, a iniciar el contencioso administrativo mediante la interposición de un recurso. Esta acción para la que "existen razones más que motivadas y suficientes" está amparada por el asesor jurídico de Urbanismo, Vivienda e Infraestructura y por el Secretario del Ayuntamiento.

"Es una propuesta que no se ajusta a la realidad, y que por supuesto, es inviable económicamente para las arcas municipales. El valor arqueológico de la Cueva del Tesoro no es cuantificable y de hecho, existen casos similares de expropiaciones forzosas en la zona de Alicante, donde se ha pagado un precio simbólico, no de mercado", comentó el responsable del APAL Cueva del Tesoro y del Cantal, Javier López (PSOE) quien cuestionó lo que podría ser "un enriquecimiento ilícito a costa de las arcas municipales". Según explicó, en este informe de tres folios, se recoge una inversión de millones de euros que en la década de los 80 realizó la familia Laza Zerón, propietarios de la gruta. "No es factible, y es un bien patrimonial que se debe recuperar para los rinconeros. No tiene por qué estar en manos privadas aunque actualmente sea de gestión municipal", aseveró el concejal responsable del organismo que actualmente, según indicó, paga 1.000 euros mensuales de alquiler a cada uno de los tres herederos del descubridor Manuel Laza Palacio. "Si fuese de propiedad municipal nos permitiría obtener muchas más subvenciones a las que ahora no tenemos acceso por ser un bien privado. Por ejemplo no podemos acceder a fondos europeos para su mejora porque no es municipal", lamentó López.

Fue en 2009, también bajo el gobierno de la actual alcaldesa Encarnación Anaya (PSOE) cuando el Pleno decidió iniciar el expediente de expropiación forzosa de la Cueva del Tesoro. Desde entonces, y a pesar de las valoraciones realizadas por los técnicos municipales y los encargados por la familia Laza Zerón el Ayuntamiento trató de llegar a un acuerdo con los propietarios. En noviembre de 2014, bajo el mandato de Francisco Salado (PP) y también con el respaldo unánime del Pleno ser ratificó el convenio para continuar con el expediente y se dio cuenta de los miembros de ese comité de expertos académicos. Éste estaba configurado por una persona propuesta por el Ayuntamiento, otro por la familia Laza Zerón y otro independiente.