La concesión de licencias de obras en Marbella durante 2016 cayó en torno a un 10% en comparación con el año anterior tras la anulación del Plan General del Ordenamiento Urbano (PGOU) del año 2010, según señaló ayer la concejala de Urbanismo, Isabel Pérez. Pese a estas cifras, la edil aseguró que los datos globales no son "tan alarmantes" ya que, según indicó, existen otras variables que compensarían esta caída, como las licencias de obras iniciadas, que se han incrementado en un 2%; o las peticiones de cambios de titularidad, que han aumentado con respecto al año anterior hasta un 50%. "Estas licencias no se contabilizan en 2016 pero la realidad es que se está construyendo más que en el año anterior", apuntó, tras lo que añadió que los datos de concesión de licencias "fueron más austeros a principios de año por la cercanía de la anulación del PGOU pero posteriormente fueron creciendo mes a mes".

A estos datos habría que sumar, además, las licencias de parcelación, previas a las licencias de obras, que se han visto incrementadas durante el año anterior en un 32%. "Estos permisos se traducen posteriormente en licencias lo que hace prever que pese al golpe de la anulación del PGOU la delegación de Urbanismo continúe con un trabajo en positivo", manifestó. Sobre el tipo de obra que se está llevando a cabo, Pérez expresó que la tendencia es a la construcción de un menor número de viviendas pero de mayor calidad y mayor lujo.

Para la edil, el pasado 2016 ha sido un año "complicado y de cambios" en el urbanismo de la ciudad, en el que se realizó una modificación en la estructura organizativa de la delegación, con la contratación de personal de apoyo, al igual que se implantaron nuevas herramientas informáticas que se seguirán consolidando este año. ?Al mismo tiempo, aseguró que se está trabajando "para tener una base sólida para iniciar la revisión del Plan General del 86", para lo que se contrató la elaboración de la adaptación a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), y la previa elaboración de un texto refundido del PGOU "que están en fase de redacción y del que ya se ha informado a la oposición en una reciente reunión técnica". A todo esto habría que sumar el estudio jurídico-urbanístico que el Ayuntamiento ha sacado a licitación, entre otras cosas, para buscar solución a las viviendas irregulares y a los suelos que han quedado fuera de ordenación.

Por otro lado, Pérez valoró también el "elevado volumen de expedientes sin resolver que había dejado el anterior gobierno" en el área de infracciones y sanciones. En total, se han elaborado 5.574 informes, "lo que ha incrementado el volumen de trabajo". La unidad de inspección, por su parte, aumento su actividad en un 2%. "Hay una mayor actividad de obra que en años anteriores ya que la actividad inspectora guarda relación directa con las licencias efectivas en cuanto a obra mayor", incidió la edil.

Por último, señaló que las inspecciones técnicas de edificios han crecido un 55% en el último año y que se han emitido un 83% más de certificados de no infracciones que en 2015. "Se pide esa seguridad para realizar transacciones inmobiliarias tras la anulación del Plan General, lo que evidencia el importante movimiento económico del sector", concluyó.