Crónica Personal

Bendita Justicia

Podrá aparecer alguien que coloque una caja para votar en una plaza, pero eso no es un referéndum, es una chapuza

Nos hemos hartado de criticar la Administración de la Justicia, por su lentitud y porque algunas de las sentencias van contra el sentido común, por mucho que estén basadas en leyes. Sin embargo, ante el desafío de los independentistas catalanes, las decisiones de la Fiscalía, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se han convertido en la principal garantía de que los secesionistas no van a lograr su objetivo.

Cada vez que Puigdemont y su Gobierno, o el Parlamento catalán, toman una decisión que va contra el Estado de Derecho y da patadas a la Constitución, la respuesta del TC y de la Fiscalía está siendo inmediata y, aunque el TSJC no es tan ágil en sus decisiones y probablemente sus sentencias llegaran tarde, es evidente que a las autoridades catalanas se les están rompiendo los nervios y, a medida que se acerca el 1-O, toman iniciativas que abundan aún más en la ilegalidad y agravan su situación personal para el momento en el que las instancias judiciales hagan públicas sus sentencias.

La sonrisa bobalicona con la que Puiogdemont dice que si el Gobierno apaga la luz para impedir que la gente vote en un supuesto colegio electoral provocará "una jornada romántica", quizá se hiele en el rostro del president cuando le llegue una multa sustanciosa. La inhabilitación no le importa porque no piensa presentar su candidatura a la Generalitat en las próximas elecciones, y la prisión la desea con toda su alma. Pero que le toquen el bolsillo son palabras mayores, y ya le han llegado indicaciones de sus asesores de que tanto la Fiscalía como el TC pueden inclinarse por esa sanción.

La rapidez con que ha actuado la Fiscalía General, la respuesta inmediata de los fiscales catalanes para cumplir las instrucciones recibidas, y la unanimidad que se está produciendo en el TC ante los anuncios que llegan cada día desde el Govern o desde el Parlament, son una garantía de que, al contrario de lo ocurrido hace dos años en el 9-N, esta vez no se va a celebrar la consulta ilegal. Porque además los jueces y fiscales, al contrario también de lo ocurrido el 9-N, las instrucciones que ha dado a las fuerzas de seguridad es que actúen para impedir que se impriman papeletas, se incauten las urnas que se encuentren e impidan abrir colegios electorales. Es decir, que actúan antes de, no después. Podrá aparecer alguien que ponga una mesa en medio de una plaza, coloque una caja encima y anime a depositar las papeletas impresas en casa. Pero eso no es un referéndum, sino una chapuza monumental que obliga a recordar aquello que dijo Tarradellas: lo peor en política es hacer el ridículo.

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