N ADIE a estas alturas duda de que Moreno Bonilla está arrepentido de su decisión sobre el parque natural de Doñaña. Lo que comenzó como una operación doméstica, de corto alcance y alta rentabilidad electoral, se le ha convertido en una llamativa polémica que ha traspasado las fronteras autonómicas para escalar las instancias europeas. No era esa su intención. La imagen artificialmente fabricada de dirigente moderado, enemigo de estridencias y maestro de la discreción se ha visto dañada seriamente ante una trifulca que parece haberle superado y que le ha hecho perder su perfil tranquilo; incluso, en algunos momentos, le han asomado la acidez y los malos modos. La búsqueda de votos entre los agricultores onubenses le ha llevado a enfrentarse, no solo con el gobierno central, algo que podía dar por descontado, sino ante todo el universo ecologista europeo. Y además, en su combativa posición inicial de 'mantenerla y no enmendarla' arrastró a todo su partido a nivel nacional, incluidos su presidente, Núñez Feijóo, que no ha sabido como esquivar el envite.

Vista la evolución de los acontecimientos, tampoco parece ofrecer mucha duda que este conflicto terminará con el repliegue de las posiciones del gobierno andaluz y la aceptación de la tesis de la Unión Europea. Moreno Bonilla no puede correr el riesgo de ser desautorizado formalmente por el comisario europeo y provocar sanciones económicas contra España de la forma en que se le advierte. Llegar a esta situación sí supondría un serio descalabro en la estrategia del PP y un daño de imagen difícil de superar. Estamos, pues, se diga o no, ante la operación de desescalada hasta revertir la situación a su punto de origen. La cuestión es que esta operación también está sometida al cálculo electoral. Es cierto que el daño medioambiental que se pretende realizar, a pesar de su aparatosa respuesta no va a causar ningún estropicio en las inmediatas elecciones municipales y, sin embargo, sí puede cosechar algún voto de agradecimiento de los agricultores teóricamente beneficiados. O sea, que hay que aguantar hasta que pase el 28 de mayo. A partir de ahí la desescalada será acelerada porque ante las elecciones generales el PP no puede asumir el riesgo de un enfrentamiento con Europa y comparecer con ese contencioso abierto, pues entonces sí le puede causar un mayor daño en las urnas. O sea que el actual conflicto sobre Doñaña nació y terminará por intereses electorales. No deja de ser triste.