Guay del Uruguay

LA producción, distribución y consumo de drogas ilegales no es, ni mucho menos, un mercado más imperfecto que los mercados de otros bienes y servicios que sí están regulados. Los agentes -oferentes y demandantes- son muchos; los precios son bastante estables según las estadísticas, lo cual huele a que se forman en buena medida según la ley de la oferta y la demanda, y hay pocos monopolios estables que distorsionen permanentemente las relaciones de producción y consumo. Además, y esto es un punto clave, quien quiere consumir hierbas u otras sustancias, las consume, y cada día más fácilmente, incluso con servicio a domicilio. El placer privado de millones y millones de jóvenes y adultos del planeta puede llevarles a una condena vitalicia autoimpuesta, sí, pero los esfuerzos policiales e institucionales por evitar que el agua del colocón busque su salida resultan testimoniales y sumamente costosos para los presupuestos públicos. Algo muy frustrante, que además se agrava porque todo este comercio no produce un sólo céntimo para las arcas públicas, sino que alimenta fabulosas fortunas escondidas en paraísos fiscales y colchones viejos, o produce una continua innovación en la industria de las lavadoras de dinero negro. Y además no hay ninguna garantía sanitaria, trazabilidad de producto ni leches. Aun a riesgo de ser llamado demagogo irresponsable o algo peor, permitan la manida comparación: el alcohol y el tabaco producen, por ejemplo, al Estado español unos ingresos anuales sin los que no podríamos pagar los costes sanitarios que eventualmente acaban provocando. O sea, que salen a cuenta, están controlados... y no producen bolsas de evasión fiscal, mafias ni paramilitares que violan en masa a mujeres y niños, o bien generan terror y alta marginalidad en todas y cada una de las ciudades grandes del mundo. Y en las pequeñas con menor intensidad. O sea, que con las drogas hay mucho cuento y, sí, una hipocresía extraordinaria, quizá a veces interesada.

Por eso, la reciente ley uruguaya para la legalización y regulación del consumo "recreativo" de la marihuana -el "terapéutico" para el dolor del cáncer es legal en cualquier país desarrollado- es una quitada de careta necesaria, o como mínimo un experimento necesario. Se queda uno de piedra cuando lee en la prensa más de toda la vida que esta asunción estatal del tráfico de hierba va a "provocar precios mayores", algo malo malísimo. También llama la atención que la ONU proteste por la medida del Gobierno de Mujica. En México y Brasil, muy afectados por la criminalidad del narcotráfico del que el primer mundo se abastece, hay muchas voces que aclaman la medida. Ya era hora de que afrontáramos un asunto en el que no sólo pobres mujeres de un poblado americano, sino familias cercanas a la suya sufren sin esperanza. Preferimos, en este caso, un mercado burocrático que genera mayores costes y precios, pero que esté en manos del Estado, que otro sumamente dinámico, globalizado y elástico en manos de canallas más o menos en la sombra. ¿O no?