EL sector agroalimentario andaluz atraviesa un momento de crecimiento y expansión que nos reafirma en la idea de que se están dando los pasos correctos para fortalecerlo, protegerlo e impulsarlo.

La renta agraria andaluza alcanzó el año pasado los 8.000 millones de euros, con un incremento de más del 11% respeto al ejercicio anterior, mientras que las exportaciones del sector agroalimentario y de bebidas batieron un nuevo récord, con un crecimiento del 9,2% que situó las ventas en el exterior en los 8.312 millones de euros.

Estas cifras dan una idea de la importancia de la agricultura y de las industrias de transformación para la economía andaluza, dado que crecen más que la media de los otros sectores, generando el 7,5% del empleo regional.

Otro dato que expresa muy gráficamente el peso y la particularidad del medio rural andaluz es que constituye el 63% de la superficie total de la comunidad autónoma, con más de 5,4 millones de hectáreas de tierras labradas y pastos.

El olivar, que ocupa 1,5 millones de hectáreas, tiene una importantísima presencia que se ve acrecentada por la industria oleícola en provincias como Jaén, Córdoba o Sevilla.

En otras zonas concretas, como el poniente almeriense, la zona costera de la provincia de Huelva o la campiña jerezana, la producción está alcanzando récords históricos que nos convierten en líderes de ventas en muchos mercados del centro y el norte de Europa.

Dicho todo esto, cabe comprender que, para el Gobierno de España y para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es una prioridad que el sector agroalimentario pueda desarrollar su trabajo con las mayores garantías de seguridad posibles, en un entorno tan amplio y desprotegido como es el campo y especialmente tras constatarse la tendencia al alza que experimentaron las sustracciones en el medio rural a partir de 2007, con un repunte considerable en el año 2010.

Si a un empresario agrícola le desaparece el motor de un pozo o una parte, aunque sea pequeña, de las tuberías de su sistema de riego, es mucho menor el beneficio del que roba que el perjuicio que se causa al productor, por el lucro cesante que sufre éste al no poder seguir regando y quedar en peligro su cosecha, lo que explica la importancia de garantizar la seguridad y la protección de las explotaciones agrarias.

En esta tarea estamos empeñados desde el año 2011, cuando se puso en marcha un plan de choque que consiguió frenar en parte la tendencia al alza registrada. Posteriormente, ya en esta legislatura, los ministerios de Agricultura e Interior reforzaron y ampliaron ese plan con resultados, a tenor de los datos recogidos, bastante alentadores.

Desde el otoño de 2013 están desplegados en las ocho provincias andaluzas los denominados equipos Roca de la Guardia Civil, creados específicamente para combatir los robos en el campo y cuyos integrantes poseen un profundo conocimiento del medio rural.

Junto a ellos, efectivos a caballo de la Agrupación de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil han estado presentes en las diferentes provincias según las necesidades, al tiempo que se está implicando en el plan a las unidades del Seprona.

Además, se han promovido convenios con los ayuntamientos para que las policías locales colaboren en la detección de venta de material robado, con campañas específicas de control de puntos de venta de chatarra y material agrícola de segunda mano.

Se han establecido mapas de cultivos y sistemas de geolocalización de las fincas, poniendo las nuevas tecnologías al servicio de la seguridad de los agricultores, lo que acorta el tiempo de reacción y agiliza las investigaciones. Y se trabaja para potenciar el uso de la denuncia electrónica, porque, como bien saben los agricultores, la denuncia es fundamental para poder investigar y perseguir al delincuente.

Los especialistas de los equipos Roca, desde su creación y llegada a Andalucía, han trabajado con el objetivo de convertirse en una referencia para la gente del campo en materia de seguridad, manteniendo casi 2.000 reuniones con los colectivos interesados, cursando en torno a 3.500 denuncias, deteniendo a más de 1.400 sospechosos e imputando a más de 1.300.

Como consecuencia de todo ello, los robos y hurtos en el campo andaluz contabilizados por la Guardia Civil descendieron el año pasado un 11,70% respecto al año anterior, contabilizándose entre enero y diciembre 619 sustracciones menos que en 2013 en las explotaciones agrícolas y ganaderas.

Por otra parte, y en paralelo al Plan Roca, el Gobierno ha impulsado las reformas legislativas necesarias para que robar en el campo salga, a partir de ahora, menos barato.

Entiendo que los productores andaluces han acogido con satisfacción la reforma del Código Penal, que dotará de mayor protección jurídica a las explotaciones agrícolas y ganaderas con un cambio de tipificación de los hurtos, que antes eran faltas y ahora pasan a ser considerados delitos. Ello supone, en la práctica, un endurecimiento de las sanciones que contribuirá a que los agricultores y los ganaderos se sientan más seguros y protegidos por la ley.

El riesgo cero, obviamente, no existe, y queda mucho trabajo por hacer. Pero estoy convencido de que el buen trabajo de coordinación e investigación que ha hecho en los últimos meses la Guardia Civil, en colaboración con la Policía Nacional en las áreas de su competencia, ayudará a seguir mejorando las cotas de seguridad en las 250.000 explotaciones agrarias y ganaderas de Andalucía, que conforman la base de un sector en expansión y uno de los motores de nuestra economía regional.