Justicia

El plan de los juzgados de cláusulas suelo seguirá un año más en Andalucía

  • La Junta ha invertido desde 2017 más de tres millones de euros en reforzar con 123 funcionarios los juzgados especializados en los pleitos por la cláusulas abusivas.

Un momento de la reunión en el CGPJ con el Ministerio de Justicia y los representantes de las CC.AA. Un momento de la reunión en el CGPJ con el Ministerio de Justicia y los representantes de las CC.AA.

Un momento de la reunión en el CGPJ con el Ministerio de Justicia y los representantes de las CC.AA.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas han coincidido en la necesidad de prorrogar el plan de especialización de Juzgados en cláusulas abusivas, ajustándolo a las necesidades concretas de cada órgano judicial, según ha informado el máximo órgano de gobierno de los jueces. En el caso concreto de Andalucía, se ha decidido ampliar el plan durante otro año más, según han confirmado fuentes de la Consejería de Justicia.

Dentro de este plan, en Andalucía el plan cuenta con tres jueces en Almería, dos Córdoba (con la previsible ampliación a un tercero a corto plazo), tres en Huelva y otros en Jaén, y cuatro en las provincias de Cádiz, Granada, Málaga y Sevilla. Además, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha elaborado planes de actuación y coordinación de señalamientos con la finalidad de aumentar la eficiencia de estos juzgados especializados.

La Consejería de Justicia ha aportado además diversos recursos a los juzgados que tramitan las cláusulas suelo. Así, la plantilla de estos juzgados dispone de 123 funcionarios en los juzgados de Primera Instancia que tienen atribuida la competencia, de los cuales 45 son funcionarios de refuerzo.

Los juzgados cuentan con una plantilla mínima de 13 funcionarios, si bien hay provincias como Sevilla o Málaga que tienen 18 y 17 funcionarios, respectivamente, entre plantilla y refuerzos. El gasto de personal de refuerzo de los juzgados que conocen los pleitos por las cláusulas abusivas asciende a 1.562.067 euros en este año, aunque si se tiene en cuenta el coste desde que se puso en marcha, a mediados de 2017, la cifra asciende a 3.449.077 euros.

Transcurridos dos años y medio desde la puesta en marcha de esta medida, es posible determinar dónde será necesario prorrogar el plan durante un año más y dónde durante seis meses. Representantes de las mencionadas instituciones han mantenido este viernes en la sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un encuentro presidido por el presidente del Tribunal Supremo y del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes.

El plan de especialización de Juzgados en cláusulas abusivas se puso en marcha el 1 de junio de 2017 con la finalidad de hacer frente a la gran cantidad de demandas presentadas en relación, entre otros asuntos, con cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa.

Desde este momento y hasta final de año, el CGPJ, el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas intensificarán la frecuencia de sus contactos con el fin de determinar las necesidades concretas de cada territorio y las medidas que será necesario adoptar en cada caso.

Durante la reunión, se han puesto sobre la mesa los datos estadísticos que reflejan el funcionamiento de los 54 juzgados de Primera Instancia o de Primera Instancia e Instrucción que, desde la entrada en funcionamiento del plan de especialización, se dedican de forma exclusiva a conocer de las demandas sobre cláusulas abusivas; y también los datos relativos a las secciones civiles-mercantiles de las audiencias provinciales, encargadas del enjuiciamiento.

En la actualidad, además de los titulares de esos 54 órganos judiciales, otros 106 jueces prestan servicio en los juzgados especializados de acuerdo con las medidas de apoyo y refuerzo aprobadas por el Consejo General del Poder Judicial. El despliegue de estas medidas ha sido necesario en todas las Comunidades Autónomas menos La Rioja.

En cuanto a las secciones civiles-mercantiles de las audiencias provinciales, a las que ya han llegado una gran cantidad de asuntos para su enjuiciamiento, cuentan, junto con sus titulares, con el apoyo de más de medio centenar de magistrados comisionados en funciones de refuerzo.

A los planes de refuerzo judicial se añaden las medidas puestas en marcha por el Ministerio de Justicia y por las Comunidades Autónomas, que han dotado a los juzgados especializados de los medios personales (letrados de la Administración de Justicia y funcionarios) y materiales necesarios.

Descenso de la pendencia

De acuerdo con los datos correspondientes al segundo trimestre de este año, a 30 de junio de 2019 el volumen de asuntos pendientes de resolución en los Juzgados especializados era un 2,25% más bajo que al finalizar el primer trimestre (31 de marzo). Se trata de la primera mejora de las cifras de pendencia desde la puesta en marcha del plan de especialización.

También ha mejorado prácticamente en todos los territorios la tasa de resolución de asuntos -cociente entre el número de asuntos resueltos y el de asuntos ingresados en un determinado periodo-, un dato que permite conocer la capacidad de resolución del órgano judicial en relación con el volumen de entrada de nuevas demandas.

En el segundo trimestre del año, la tasa de resolución a nivel nacional ha sido del 118,4%, lo que ha supuesto una sensible mejora respecto al primer trimestre, en el que fue del 82%. Si se tienen en cuenta los datos correspondientes a los dos años trascurridos desde la puesta en marcha del plan hasta el 30 de junio de 2019, la tasa nacional es del 41,3%, lo que significa que hasta esa fecha se resolvieron casi la mitad de todas las demandas ingresadas.

Por territorios, la mejora es generalizada. En doce comunidades autónomas la tasa de resolución es superior al cien por cien, siendo especialmente positivos los datos de Aragón (234,6%) y Asturias (237,3%). Por encima de la media nacional del trimestre se han situado también Canarias (179,6%); La Rioja (160,3%); Castilla-La Mancha (150,4%); Galicia (142,4%); Extremadura (135,6%); Comunidad Valenciana (133,8%); Castilla y León (133,3%); Murcia (121,5%) y Cantabria (118,5%).

Por debajo de la media nacional, si bien casi todas en mejor situación que en el primer trimestre, Andalucía (112,4%); Cataluña (97,9%); País Vasco (86,1%); Baleares (75,9%); Madrid (71,4%) y Navarra (61,8%).

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