La diputada de Adelante Andalucía en el Parlamento Andaluz Maribel Mora, abogada y activista pro Derechos Humanos, ha pedido este miércoles que la decisión de la Audiencia de Sevilla, que ha suspendido el ingreso en prisión durante cinco años del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán debido al cáncer que padece, sea la "norma" para los presos que tienen esta enfermedad y otras más graves y sin embargo permanecen privados de libertad.

La parlamentaria andaluza ha asegurado en declaraciones a este periódico que aunque el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha evidenciado en diversos informes, a raíz del caso del ex presidente, de manera "contundente y clara" que las enfermedades graves no pueden ser tratadas en condiciones compatibles con la dignidad en los centros penitenciarios, "les da exactamente igual todos aquellos que no son personas con la suerte del señor Griñán, políticos, mediáticos y con capacidades suficientes para defender sus derechos".

"El caso del Sr. Griñán debe ser la norma. Estoy completamente de acuerdo con la decisión de que sea tratado fuera de los muros de las prisiones, pero la pregunta que debemos hacernos es ¿a cuántas personas se les está tratando de manera diferente en las prisiones andaluzas haciendo de su vida un verdadero calvario incompatible con la vida digna?", se ha preguntado la parlamentaria andaluza.

Maribel Mora ha recordado una serie de preguntas que ha realizado a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y, en este sentido, ha indicado que de sus respuestas se evidencia que "ni lo quieren saber con nombre y apellidos ni les importa. Porque aunque obviamente conocen cuántas personas tratan provenientes de los Centros Penitenciarios, no les interesa ofrecer dicha información", ha precisado la abogada, que destaca que la Junta dispone de esta información porque "deben coordinarse con los médicos de prisiones para las citas y seguimiento de las dolencias que padecen los enfermos, ya que las personas presas no tienen la libertad de gestionar por sí mismas sus citas ni sus procesos médicos con los especialistas del SAS".

Y también lo conocen porque las consultas y tratamientos especializados son "posteriormente facturadas a Instituciones Penitenciarias para que se les abone al SAS. Pero claro, esto son sólo números y euros. ¿Cómo van a asumir que deben defender a esos otros presos enfermos de la misma manera que han hecho con el señor Griñán?", ha añadido.

De hecho, en una respuesta de la Consejería de Salud al grupo parlamentario de Adelante de marzo pasado se cuantifica la deuda que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias mantiene con la Junta por el tratamiento sanitario de los reclusos y que, según la Administración andaluza, asciende a 20 millones de euros. En esa  respuesta, la Junta explica que en el año 2013 Instituciones Penitenciarias dejó sin efecto el convenio para la atención hospitalaria de la población reclusa en las prisiones andaluzas. 

Sin convenio en vigor, el Sistema Sanitario Público de Andalucía (SPPA) atiende los internos en las cárcerles ubicadas en la comunidad autónoma, incluyendo los "ingresos, prueba diagnósticas y consultas", así como análisis biológicos, facilitándose desde Salud a los servicios médicos penitenciarios "el material y el transporte necesarios para la realización de análisis clínicos de muestras biológicas cuando se precisa".

Desde el año 2014, los costes de estas prestaciones han sido presentados por la Junta a Instituciones Penitenciarias, pero sólo se ha liquidado "una parte, acumulándose en la actualidad una deuda de aproximadamente 20 millones de euros aduciendo la afiliación o no de los recursos a la Seguridad Social", recoge la respuesta de la Consejería de Salud.

El caso llegó a los tribunales y la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo fijó en dos sentencias que, mientras no haya convenio de colaboración entre ambas administraciones, "corresponde a la administración penitenciaria la asunción de tales costes, con independencia de que el interno en los centros penitenciarios sea o no beneficiario, afiliado o asegurado a la Seguridad Social". Y para no aumentar la deuda se tiene la "intención de firmar un nuevo convenio que regule y establezca una cantidad per capita que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias abonaría anualmente a la Junta de Andalucía".

El último convenio, del año 2013, supuso el pago de 5,2 millones de euros anuales, pero dejó tener efecto en 2014 "por una decisión unilateral" de Instituciones Penitenciarias, dice la Junta, que añade que "desde Andalucía ha habido numerosos intentos por parte de la Consejería de Salud para retomar la negociaicón de un nuevo convenio".

La diputada de Andalucía ha criticado, por último, que para el PP andaluz "las personas presas, no mediáticas, son sólo números, papeleo y facturación. Personas excluidas invisibles. Andaluces que no les importan, que les da igual que sufran en soledad absoluta hasta la muerte con enfermedades muy graves entre cuatro paredes, ni qué pase con su dignidad como seres humanos. Para importarles debes ser de la clase del Sr. Griñán", ha opinado Maribel Mora. "Blas Infante luchaba por la conciencia de pueblo, por los andaluces y andaluzas oprimidas. El PP por los privilegiados y las cuentas de resultados", ha concluido.